El secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito, Fernando Sánchez, presentó sus observaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, durante la sesión No. 23 de la Comisión que dirige la legisladora Pierina Correa.
El funcionario realizó un resumen de las cifras de niños y adolescentes con desnutrición, maltrato infantil y vulneración de derechos. “En el 2018, el 22,97% de niños tenían desnutrición, esta cifra se elevó en el 2021, llegando al 27,2%”, señaló.
Indicó que la nueva normativa debe contemplar una articulación interinstitucional para asegurar una atención plena, tanto a la niñez y adolescencia, como a adolescentes infractores privados de su libertad, centrada en la protección, garantía y restitución de derechos.
Fernando Sánchez aseguró que ningún Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD), procesa la información del subsistema contra violencia, porque están desconectadas todas las ventanillas de entrada de denuncias. De igual manera indicó que ninguna Junta Cantonal cuenta con protocolos de referencia y contrareferencia de casos.
Sugirió que las disposiciones del COPINNA deben ir enfocadas en que los CCPD funcionen en su totalidad, con un trabajo comprometido de los alcaldes y así responder a las demandas y ejecutar programas de capacitación permanentes.
Sobre las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia planteó la necesidad de definir claramente las sanciones por incumplimiento y falta de seguimiento de casos en situación de vulneración de derechos.
La titular de la Comisión, Pierina Correa, dijo que están trabajando articuladamente con algunas carteras de Estado, entre ellas, Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de conocer proyectos sociales en beneficio de la niñez y adolescencia.
Así mismo, señaló que han pedido información al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), sobre programas socioeducativos y capacitaciones destinados a jóvenes infractores para reinserción laboral, pero que no han recibido respuesta favorable por parte del organismo.
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