La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social se reunió con autoridades de Ambato en el Auditorio del GAD Provincial de Tungurahua, a fin de conocer los mecanismos de participación ciudadana y de transparencia de la información, en torno a la incidencia de los procesos de contratos de los fotoradares en esa ciudad.
El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, manifestó que durante su administración se ha dado énfasis a la formación y capacitación ciudadana sobre temas relacionados a participación ciudadana, lengua de señas, braille, procedimientos parlamentarios y “smart city”. También, recalcó que han realizado una difusión masiva de todas las fases de la gestión municipal.
Los comisionados, también recibieron a Robinson Loaiza, concejal de Ambato y Santiago Alvarado, académico, quienes informaron acerca de la incidencia del Contrato de Concesión de la Prestación del Servicio de Registro y Sanción de Infracciones de Tránsito, a través de la implementación de un sistema integral, con dispositivos tecnológicos y servicios conexos.
Así mismo sostuvieron que la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A., encargada de la administración de los dispositivos tecnológicos, mantuvo encendido el fotoradar “de manera oculta”, en la Av. Bolivariana y Aníbal Granja, desde principios del 2020, con la finalidad de generar multas y perjudicar a propios y turistas que visitan la provincia.
Según Loaiza, la ubicación de este fotoradar se lo hizo con fines lucrativos a favor de la empresa y no para prevenir accidentes de tránsito, con lo que se habrían expedido, de forma ilegal, más de 300 mil fotomultas. “Esta nueva administración se opuso a la implementación de este noveno radar”, añadió.
En torno a este tema surgieron intervenciones de los legisladores Rosa Mayorga y Ricardo Chávez, quienes expresaron su preocupación por las excesivas multas generadas por la empresa en mención. Señalaron que, la información debe transparentarse con miras de evitar más sanciones que afectan a la ciudadanía. Para tal efecto, la legisladora Mayorga solicitó la comparecencia del Contralor General del Estado, a fin de que brinde información sobre el examen especial referente a los fotoradares en la ciudad de Ambato.
En relación a este mismo tema, el subsecretario de Transporte Terrestre, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Mario Pardo, indicó que a partir del 2 de diciembre de 2019, se determinó que no es responsabilidad de la Municipalidad otorgar permisos de funcionamiento para la colocación de fotosensores, por lo que el 3 de febrero del 2020 se notificó a la Alcaldía el retiro, desactivación o reubicación de los radares ubicados en la avenida Bolivariana y Aníbal Granja.
Reformas a LOTAIP
Las abogadas Éika García y Daniela López sostuvieron que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental reconocido y garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales celebrados en los distintos países.
“Proponemos que esta ley contemple tres puntos fundamentales, entre ellos, garantizar, regular y promover el derecho, la organización, clasificación y manejo de la información de forma eficaz y transparente”, añadió Daniela López.
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