Representantes del Comité Empresarial, Cámara de Turismo de Galápagos, de institutos tecnológicos, academia y microempresarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y financiera para que tenga éxito la política tributaria y atraer la inversión al país.
Luis Buendía, del sector “Somos Ciudadanos” coincidió con el planteamiento del Comité Empresarial en cuanto a la necesidad de generar seguridad jurídica y financiera. Pidió tomar en cuenta los principios de progresividad de la política fiscal, e incorporar normas para atacar la informalidad, con lo cual se generará una base adicional de contribuyentes.
Andrés Ordóñez, de la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos y Liseth Guaycha, directora ejecutiva del sector de Armadores Turísticos; Rocío Martínez y Enrique Bitner, operadores turísticos, mencionaron que se encuentran seriamente afectados a consecuencia de la pandemia. Señalaron que es bueno que se tome en cuenta al sector turístico con la reducción de impuestos en la propuesta del Ejecutivo.
También, sugirieron tomar en cuenta aspectos como la renovación de permisos y autorizaciones de operación turística navegable en todas sus modalidades, así como la apertura de un nuevo proceso de adjudicación de las patentes o permisos aún no otorgados.
Entre tanto, Aldo Maino, de la Asociación Nacional de Institutos Tecnológicos, pidió incorporar en los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Tributario, a los institutos públicos y particulares en los beneficios del IVA, al igual que ocurre con las universidades y escuelas politécnicas.
Patricio Larrea, del Colegio de Ingenieros Petroleros, al referirse a las reformas a la Ley de Hidrocarburos, expresó que no se debe eliminar las modalidades contractuales de explotación y exploración de hidrocarburos para campos marginales, ya que va en contra la Constitución.
El microempresario Gustavo Crespo planteó incentivar el uso de materia prima de productores artesanales para fabricar bebidas de alta calidad para el mercado local y de exportación. “Con ello se evitaría que 36 millones de litros de aguardiente se expendan sin registro sanitario, lo cual evita el contrabando y la evasión tributaria”, anotó.
Mientras, Jhon Cajas del sector de la academia, dijo que es necesaria una contribución económica de redistribución de impuestos, misma que se acople al momento que vive el país. Sugirió que los ingresos extraordinarios vayan al sector salud.
Por su parte, Gisela Montalvo, de la Cámara de Innovación de Tecnología, afirmó que el artículo 55 del proyecto constituye un obstáculo para la transformación digital. Pidió que no se incorporen cargas tributarias en la nube pública para ampliar la conectividad.
Los parlamentarios al destacar los comentarios expuestos por los comparecientes, coincidieron en la necesidad de asumir un compromiso real hacia la innovación tecnológica, así como generar seguridad jurídica.
JLVN/pv
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