La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó el proceso de investigación de las operaciones de Fondo Global de Construcción (Fonglocons), a través del Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). En esta oportunidad, la mesa escuchó a Pedro Páez, exmiembro de la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura Financiera; y a Carlos Marx Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Páez explicó cuál fue su participación como integrante de la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura Financiera, organismo que diseñó una estructura que permitía hacer frente, desde los países en desarrollo, a la arremetida del orden económico imperante, que constituye -según su criterio- una forma de neocolonialismo y que, en esa perspectiva, se creó el sistema SUCRE.
Aseguró que al hablar del SUCRE no se trata de una moneda electrónica, ni tampoco de una moneda física y, menos aún, una criptomoneda; se trata de un sistema de compensación de pagos a través de los bancos centrales de los países miembros del Acuerdo Marco. Añadió que no hubo, ni hay un uso de la reserva monetaria internacional en actividades de comercio exterior.
De su lado, el exdirector del SRI, Carlos Marx Carrasco, indicó que la entidad rectora en materia tributaria ha solicitado siempre que se realice un adecuado control de las exportaciones, frente a las inconsistencias que se encontraron entre la información registrada en la base de datos del Banco Central del Ecuador y la base de datos de la entidad aduanera.
Igualmente, dijo que presentó varias alertas a la Fiscalía, una de ellas inclusive como noticia criminis. También, se conformó una comisión técnica que incluía a la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero, las entidades de Aduanas y la propia Cancillería, a fin de que esta última interponga sus buenos oficios ante el Gobierno de Venezuela para que se apliquen correctivos al manejo del sistema SUCRE.
Entre tanto, Patricio Andrade, representante de la empresa Mercury Global S.A., aseguró que a través del sistema SUCRE se realizaron exportaciones de papa desde la provincia del Carchi, con absoluto apego a lo previsto en la Ley. Sin embargo, han pasado ocho años desde que se les vinculó en un proceso de supuesto lavado de activos con el Banco Territorial y pese a que han presentado las pruebas y los descargos pertinentes, no se les da solución y pesan sobre ellos medidas cautelares que no les permite siquiera continuar con sus actividades lícitas, en apoyo al desarrollo de Carchi y el país.
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