La Comisión de Desarrollo Económico, luego de escuchar a las autoridades del Gobierno Central y alrededor de 60 representantes de cámaras, comités, federaciones y consejos de producción, comercio, industrias, academia, expertos económicos y tributarios, analistas y abogados, concluyó la etapa de socialización del proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. De inmediato iniciará el análisis y debate de la propuesta, a fin de estructurar el informe para primer debate que sería aprobado el sábado 13 de noviembre.
En la sesión de este miércoles 10 de noviembre, los parlamentarios escucharon a Juan Carlos Bermeo, ministro de Recursos Naturales no Renovables, quien explicó que el proyecto económico urgente incluye 16 reformas a la Ley de Hidrocarburos, orientados a brindar seguridad jurídica para la participación privada con modalidades contractuales existentes, con condiciones adecuadas a lo que el país demanda, a fin de atraer recursos para desarrollar la actividad petrolera y el ingreso de recursos a la caja fiscal.
Bermeo habló del incentivo a la participación privada en las cadenas de labor hidrocarburífera. Recordó que el contrato de participación petrolera se lo generó años atrás, a fin de beneficiar al Estado. Además, aclaró que en ningún momento se está privatizando ni vendiendo los activos del sector petrolero que son del Estado ecuatoriano, sino una delegación para atraer recursos para el país.
Los comisionados, también escucharon al economista Diego Borja, quien dijo que la propuesta no ayudará a afrontar los problemas financieros que tiene el país. Advirtió que afecta a la clase media, porque las contribuciones imposibilitarían ahorros para emprendimientos, lo cual dista de la equidad que se propone en el proyecto. Walter Spurrier expresó que es necesario aumentar los impuestos, porque el aumento del precio del petróleo es coyuntural y el país necesita reducir el deficit.
El asambleísta Pabel Muñoz indicó que el proyecto no se orienta a la recuperación económica. Indicó que las contribuciones están dirigidas a las personas naturales en vez de aplicar a las personas jurídicas, por tanto, afectará a la clase media.
La parlamentaria Marjorie Chávez señaló que el proyecto tiene varias contradicciones. A su criterio, no se debe modificar la tabla del Impuesto a la Renta para personas naturales, porque se sacrifica a la clase media, por encima de los que tienen más, lo cual es injusto e inconstitucional, ya que no respeta el principio de progresividad.
La abogada Carmen Simone precisó que el proyecto tiene deficiencias técnicas en cuanto al Impuesto a los Consumos Especiales, ya que se distorsiona su fin, que es combatir las consecuencias nocivas para la salud por el consumo de bebidas alcohólicas y hoy se orientan a grabar impuestos a los fabricantes.
Por su parte, la abogada Andrea Guerra señaló que resulta nociva la eliminación de las deducciones, ya que abriría la puerta a la informalidad y se perdería la cultura tributaria que se espera consolidar en el país.
El representante de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático, José Luis Marcalo, manifestó que le preocupa el impacto que puede tener el proyecto para el sector de las telecomunicaciones, en el emprendimiento e innovación y a las empresas tecnológicas al poner una barrera económica (impositiva) para acceder a los servicios en la nube, de hosting y suministros de dominios para páginas web.
En cambio, Mateo Estrella, asesor del Ministerio de Turismo, destacó que la propuesta establece seis aportes orientados a apoyar al sector turístico para que pueda recuperarse de manera sostenida. Alison Vásconez, de ONU Mujeres, mencionó la necesidad de establecer recursos estables para combatir los impactos de la crisis sobre las mujeres. Pidió revisar del esquema redistributivo de progresividad continua para el tema de género.
El analista Alberto Acosta subrayó que el impuesto al patrimonio de personas desincentiva la inversión, ya que incrementa la carga sobre los mismos contribuyentes formales, con lo cual más personas buscarán refugiarse en la informalidad y así evitar el pago de impuestos.
En cambio, el salubrista Esteban Ortiz señaló la importancia de los cambios de comportamiento a través del conocimiento de la salud pública. Comentó que basar los impuestos a las bebidas en su graduación alcohólica constituye una medida conveniente para la salud pública que ayudará a mejorar la vigilancia del consumo de bebidas.
Martín Espinosa, representante de Cervecería Nacional, recordó que el ICE se grava a las bebidas con contenido alcohólico, porque tiene como finalidad desincentivar el consumo nocivo de alcohol, por lo que se determinó que a mayor contenido de alcohol, mayor impuesto.
Por su parte, Ryan Hood, representante de los cerverceros artesanales y de la Asociación de Cervecerías del Ecuador, solicitó que en el caso de bebidas elaboradas localmente con caña de azúcar u otros productos agropecuarios cultivados localmente, adquiridos a productores que sean artesanos, microempresarios u organizaciones de la economía popular y solidaria, la tarifa especifica tenga una rebaja de hasta el 50%; y, en caso de bebidas de fermentación natural como la chicha o las hidromieles, donde sus productos cuentan con calificación artesanal, la tarifa específica tenga una rebaja de hasta el 80%.
JLVN/pv
Más fotografías:
