La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales, para lo que escuchó las opiniones de los municipios del país y de un académico.
Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), al ratificar el compromiso para contribuir al desarrollo de los territorios, advirtió que los municipios tienen una deuda social con los ciudadanos, en razón de que no han podido cumplir los planes de gobierno por la falta de recursos económicos.
Aseguró que hace falta trabajar en la Agenda 2030 para reducir las brechas de inequidad que requiere un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Asamblea, los gobiernos locales, la empresa privada y los ciudadanos, con el fin de luchar contra la desnutrición infantil y en general contra la pobreza.
En este marco, el Presidente de AME manifestó que hace falta dictar las normas jurídicas que permitan a los gobiernos autónomos descentralizados municipales gestionar de manera directa la ayuda internacional y conseguir los recursos de la cooperación para financiar planes y proyectos que espera la ciudadanía.
De su lado, Karín Jaramillo, directora Jurídica de AME, explicó que, según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe y no se puede alegar normas nacionales para justificar el incumplimiento. Además, comentó que se puede redefinir el objeto del proyecto de ley hacia la cooperación internacional descentralizada a favor de los GAD, que permitiría a los municipios resolver una problemática que enfrentan desde el año 2016.
A su vez, el académico Daniel Crespo comentó que en términos generales el proyecto está bien fundamentado, al amparo de lo que dispone la Constitución para normar la celebración de convenios interinstitucionales de carácter internacional.
Explicó que la propuesta determina con claridad las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo en cuanto a la suscripción, ratificación y denuncia de los tratados internacionales, a la vez que manifestó que sobre la firma de los acuerdos interinstitucionales de carácter internacional es necesario especificar en la normativa las instituciones que intervienen en este proceso y sus competencias, para evitar vacíos o ambigüedades y asegurar una eficiente práctica y procedimiento eficaz.
PV
