La Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento del proyecto de Ley de Redistribución Económica del Sector Hidroeléctrico, que reforma la Ley 047 y de inmediato aprobó el cronograma de trabajo para su tratamiento.
En este marco, comparecerán autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas; Asociación de Municipalidades del Ecuador; Conagopare de Azuay, Cañar, Morona Santiago; Gerencia de CNEL y del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Además, la mesa legislativa realizará talleres virtuales de socialización en las tres jurisdicciones provinciales.
El asambleísta Virgilio Saquicela, proponente del proyecto, recordó que la Ley 047 fue creada en 1989 y la misma establece una asignación del 5% de la facturación que por venta de energía a las Empresas Eléctricas efectúe el antiguo Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel)
Precisó que en la división de ese 5% se destina el 60% en partes iguales entre los municipios de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago y el 40% para el Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), institución que fue suprimida en el 2009. La propuesta considera que el 40% que se entregaba al CREA sea distribuido para los municipios y GAD parroquiales, señaló.
Derechos Humanos
De inmediato, los parlamentarios, escucharon a dirigentes y afectados por la jornada de resistencia realizada los días 26, 27 y 28 de octubre de 2021, en la provincia de Imbabura, parroquia González Suárez, a quienes se les habría vulnerado sus derechos humanos.
Lucas Gonza, representante de la comunidad Pijal, indicó que la movilización fue pacífica, pese a lo cual hubo agresión por parte de la fuerza pública, causando heridos; mientras la dirigente Jenifer Lago indicó que hubo atropellos a pobladores y sectores comunitarios de González Suárez con daños físicos y psicológicos.
Por su parte, Emerson Morales, mencionó que perdió su ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena. Precisó que no era parte de la movilización y solo pasaba por ese sector huyendo de la agresión que se daba en ese momento. En cambio, la dirigente Maritza Tocagón, presidenta de la parroquia González Suárez, recordó que el pueblo tiene derecho a la resistencia, sin embargo, pobladores y sectores comunitarios fueron vulnerados en sus derechos humanos.
Con seis votos afirmativos, la mesa legislativa apoyó la resolución del asambleísta Mario Ruiz, por la cual se rechaza el uso desmedido por parte del personal policial y militar los días 26, 27 y 28 de octubre de 2021 en la provincia de Imbabura.
Se requiere, información a los ministerios de Defensa, Gobierno, Policía Nacional respecto de las disposiciones, numérico, equipamiento y demás detalles del empleo del personal militar y policial en esas jornadas de movilización, en la provincia de Imbabura, en la zona de la Y de Cajas. Además, se solicita a la Defensoría del Pueblo, la apertura de un trámite defensorial de este caso por presunto uso excesivo de la fuerza pública, abuso de autoridad y violaciones de derechos humanos.
Se exhorta al Ministerio de Salud y al Conadis brinden atención y seguimiento médico especializado y oportuno, a las personas que han sido gravemente afectados en su integridad física y mental, durante las jornadas de movilización del mes de octubre en la provincia de Imbabura y se brinden las facilidades para el proceso de obtención del carné de discapacidad en los casos que amerite, especialmente, al ciudadano Emerson Morales.
JLVN/pv
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