Integrantes de la Mesa Técnica de análisis del proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que la integran autoridades del sector público, gremios de la producción, académicos y sociedad civil, dieron sus criterios respecto de la propuesta. Todos coincidieron en la necesidad de establecer un “pacto ético tributario a largo plazo” para alcanzar el desarrollo del país y la estabilidad fiscal.
En este marco, Pablo Jaramillo, en representación de la sociedad civil, señaló la necesidad de establecer una reforma tributaria y fiscal que dure a largo plazo. Dijo que identificó artículos del proyecto que deben corregirse, como el caso de las contribuciones especiales, donde se debe definir el sujeto activo, pasivo, base imponible y tarifas, para que no haya mala interpretación de la norma.
El académico, Santiago García, enfatizó que la propuesta del Ejecutivo tiene que ser la primera y gran reforma post pandemia, que incluya un pacto tributario y fiscal, que permita al país salir adelante. Dijo que le preocupa el pago del Impuesto a la Renta, por ello sugirió establecer un mecanismo adecuado de pago progresivo. Sobre las reformas a la Ley de Hidrocarburos, indicó que se requiere inversión extranjera con un conjunto de propuestas claras que permitan el ingreso de recursos al país.
En cambio, Miguel Ricaurte, representante del Ministerio de Economía y Finanzas, destacó la importancia del proyecto urgente en la medida de alcanzar estabilidad para afianzar las finanzas públicas, para impulsar el área social. Dijo que se perfeccionará la ley con este fin.
Bolívar Figueroa, del Ministerio de la Producción, resaltó los aportes entregados durante el proceso de socialización del proyecto que llevó a cabo la Comisión de Desarrollo Económico. Todo lo que involucre incentivos y beneficios tributarios será analizado desde la óptica del impacto fiscal para determinar el costo tributario de la caja fiscal, así como la construcción de incentivos desde la perspectiva de generar mayores inversiones, afirmó.
Pablo Jiménez, en representación del sector productivo, coincidió con el planteamiento del pacto fiscal a largo plazo para la sostenibilidad fiscal. A criterio de Felipe Ribadeneira, delegado del Comité Empresarial Ecuatoriano, debe haber equilibrio entre las necesidades fiscales para sostener las finanzas públicas, pero a su vez, tomar en cuenta la reactivación productiva.
En el seno de la comisión, también expusieron sus criterios algunos parlamentarios. Pedro Zapata señalo que el proyecto urgente incluye reformas a la Ley de Galápagos para ampliar a 20 años los permisos de operación turística. No obstante, expresó que no se evidencia ningún justificativo técnico para establecer este plazo. El legislador Jhon Vinueza expuso su preocupación respecto de las deducciones de gastos personales en virtud de que podría generar la informalidad.
El asambleísta Cesar Rohon señaló que la Comisión de Desarrollo Económico tiene el compromiso de establecer una norma razonable, equitativa, justa mirando por el bienestar del país y los ciudadanos. Nathalie Arias manifestó que establecer 20 años para operaciones turísticas en Galápagos muestra seguridad jurídica.
La parlamentaria Wilma Andrade, presidenta encargada de la mesa legislativa, señaló que los comisionados tienen una gran responsabilidad con el país, a fin de construir una ley con justicia social y solidaria, tomando en cuenta que siete de cada 10 ecuatorianos sobreviven en las calles.
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