La fiscal General, Diana Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, defendió la actuación institucional en la investigación y sustentación de la teoría penal de las operaciones inusuales e injustificadas de la compañía Fondo Global de Construcción (Foglocons), a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). Sin embargo, dijo, las resoluciones judiciales obraron a favor de la impunidad.
Además, explicó que, con el reporte de operaciones inusuales e injustificadas, la Fiscalía inició las indagaciones pertinentes y, dentro de ellas, procedió con el allanamiento de las oficinas de la empresa, tras lo cual se incautaron facturas, documentos y dos vehículos, actuación que se cumplió en virtud de lo dispuesto en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, vigente a la fecha. “En ese momento el delito de lavado de activos no estaba tipificado en la ley penal, pues el Código Orgánico Integral Penal data de 2014, sino en una ley específica, hecho que acarreó muchos dolores de cabeza para la Fiscalía”, subrayó las Fiscal.
Insistió en que la Fiscalía utilizó todas las herramientas posibles para evitar la impunidad, pero la justicia les dio la razón a los accionistas de Foglocons. Aclaró que para la época la ley tampoco preveía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, se evidenció una clara diferencia en el fallo de los jueces en este caso respecto de otros, como los de Banco Territorial, que aún no se ha cerrado y que puede terminar en una sentencia condenatoria y Coopera, donde hay personas sentenciadas.
No obstante, la doctora Diana Salazar dijo que todavía es posible abrir nuevas investigaciones, con otros posibles delitos, como enriquecimiento privado injustificado, para romper el velo de impunidad que cubre el caso Foglocons.
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