Este sábado, 13 de noviembre, la Comisión de Desarrollo Económico, en cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, con seis votos afirmativos, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, propuesto por el Ejecutivo, con carácter de urgente en materia económica, el cual será remitido a la Presidencia de la Asamblea para que sea puesto a consideración del Pleno.
Este informe que ha sido elaborado recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país, busca promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, el reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano, y la seguridad jurídica para la reactivación económica del Ecuador, tras haber afrontado la pandemia de Covid-19.
Los parlamentarios coincidieron en ampliar el debate dentro del Pleno y que hay una racionalidad en el tema de hidrocarburos. Francisco Jiménez, quien planteó la aprobación del informe, argumentó que se pretende emitir un proyecto coherente, que sea equilibrado, que cumpla con los dos objetivos de la reforma.
Antecendentes
Previamente, la asambleísta Nathalie Arias mocionó realizar modificaciones al informe borrador, entre ellas, la eliminación del tema relacionado con hidrocarburos. La mesa se pronunció con siete votos afirmativos, una abstención y un voto en contra.
La decisión de revisar nuevamente los textos aprobados fue adoptada por la Comisión en las primeras horas de este sábado, en la sesión 50, con ocho votos a afirmativos.
La tarde y noche de ayer, en una intensa jornada de trabajo, que duró alrededor de 12 horas, con un amplio análisis y revisión de documentos, los legisladores avanzaron en la aprobación previa de varios artículos, como el 5 y el 6, que tienen que ver con el pago del aporte de las personas jurídicas.
César Rohon enfatizó que se trata de hacer una Ley justa, que el Estado pueda tener recursos, pero también que no se golpee al bolsillo de los ecuatorianos.
Por su parte, Wilma Andrade, vicepresidenta del organismo, coincidió que hay afectación de 250 millones de dólares que los debe llevar a la reflexión a todos; mientras Nathalie Arias dijo que hacer estas mediciones solo era posible una vez se conozca hacia dónde se orientaba el planteamiento de la Comisión para hacer respetar el procedimiento parlamentario.
Para Diana Pesántez, el proyecto debe ser debatido en el Pleno de la Asamblea con la misma altitud de criterios, con argumentos diáfanos, críticos y constructivos. Igualmente, John Vinueza resaltó que la Comisión ha trabajado de manera coherente y responsable. Mientras, el presidente de la mesa, Daniel Noboa, destacó el trabajo desarrollado, con la recepción de más de 70 comparecencias.
El proyecto urgente, por el cual se reforman seis códigos y trece leyes, deberá ser aprobado en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional hasta el 28 de noviembre.
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