La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de pruebas de cargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, presentadas por Luis Almeida y Ricardo Vanegas. Acudieron al organismo exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), el liquidador y la interventora de la compañía Ecuagran.
José Ibánez, liquidador de Ecuagran, subrayó que se demostró que las transacciones realizadas por esta compañía estuvieron marcadas por el incumplimiento de la normativa, así como la adecuación de los balances y la utilización de un sistema de exportaciones ficticias para aumentar los pasivos y hacer más atractivas las inversiones. Detalló algunas de las operaciones ilegales desarrolladas por la empresa, sin que haya existido control de las autoridades del ramo, quienes tenían la obligación legal de cuidar a los inversionistas.
Entre tanto, Silvia Solano indicó que en su calidad de interventora no tiene como aportar con mayores elementos, porque únicamente es la encargada de recibir los reportes e informes y direccionarlos a sus superiores.
De su lado Juan Rueda, exdirector General del ISSPOL, aseguró que el perjuicio para los afiliados y pensionistas de la entidad supera los US$ 900 millones, a través de siete tramos de inversión, entre ellos las operaciones de intercambio de recursos, como el caso de 327 millones de dólares invertidos hasta 2034, mediante intercambio con bonos emitidos por Citibank. Aseguró que, por falta de control, en este caso tienen responsabilidad, no solo la Superintendencia de Compañías, sino el Banco Central y varias entidades financieras.
A su turno, el periodista de Diario Expreso, Guillermo Lizarzaburo, dijo que no se explica cómo entidades serias realizan operaciones por tres millones de dólares con una compañía recién creada y con un capital de 800 dólares. Reveló algunos de los nombres de personas que estarían involucradas en esta trama para despojar de sus recursos al ISSPOL.
Para César Aquilla, exjefe de inversiones del ISSPOL, quien se limitó a solicitar la lectura de un documento en el cual se establece el tiempo que estuvo al frente del área de inversiones, lo que se hizo fue cumplir con un proceso que parte de la recaudación de los aportes de los afiliados, del patrono y el aporte del Estado; luego se determina si existe un excedente, se busca cómo invertir. Aquí interviene la Comisión, revisa la información de las casas de valores y se escogen aquellas operaciones que resultan más convenientes. Explicó que en su período no hubo ningún manejo irregular de las inversiones, pues este sistema se vuelve una rutina.
Mientras, Hilda Vásquez, interventora externa de Ecuagran, dijo que su participación se ajusta a lo establecido en el reglamento y tiene que ver con el registro de los movimientos económicos, pagos, autorización de cheques y control de ingresos y gastos.
Finalmente, Renato González, director del ISSPOL, subrayó que hubo una cadena de omisiones en el control de las actividades de las empresas que ofertaron servicios al instituto asegurador, inclusive con medios de inversión que no constan en ninguna parte de la legislación ecuatoriana. Añadió que hay contratos que superan los 500 y hasta los 700 días, que no están registrados en el catastro de las casas de valores.
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