La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mediante la cual calificó el proyecto de Ley sobre el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza. El presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez, destacó que esta es una de las prioridades frente a los momentos de inseguridad que preocupan a la ciudadanía y demanda soluciones urgentes.
Esta vez la Comisión escuchó al proponente del proyecto, el exlegislador César Solórzano, quien fundamentó y explicó los objetivos de esta iniciativa. Señaló que con ello se busca regular el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza por parte de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, guardando los parámetros de irrestricta protección y respeto a los derechos humanos, a fin de evitar una amenaza mayor, tomando en cuenta la legitimidad, proporcionalidad, necesidad y la rendición de cuentas.
Manifestó que, según el proyecto, que fue trabajado con la Defensoría del Pueblo, no se podrá hacer uso de la fuerza con fines de venganza, retaliación, intimidación o para obtener beneficios personales o de terceros, en cuyo caso se informará inmediatamente a las autoridades competentes, a fin de que inicien las investigaciones correspondientes.
Solórzano indicó que para ello se determinan los derechos y obligaciones como verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger; garantizar que no se termine de manera arbitraria el derecho a la vida y que los ciudadanos no sean objeto de tortura, desaparición forzada, ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
También deben prestar protección y asistencia especial a las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria; atender de manera particular a niños, niñas y adolescentes; brindar seguridad en manifestaciones y reuniones pacíficas, ante posibles actos que pretendan perturbar o dispersar las mismas, realizadas por personas aisladas o grupos de personas ajenas a la manifestación.
Además, indicó que el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza se aplicará solamente para neutralizar y reducir el nivel de amenaza y resistencia de uno o más ciudadanos, evitando el incremento de dicha amenaza y resistencia, para lo cual utilizarán en la medida de lo posible medios de disuasión y conciliación antes de recurrir al empleo de la fuerza.
Los legisladores miembros de la Comisión coincidieron en la necesidad de tratar de manera urgente los proyectos que se han presentado sobre esta materia, más aún si se considera la situación generada por la crisis carcelaria y la inseguridad que enfrenta el país.
PV
