En la sesión Nº 740 del Pleno de la Asamblea Nacional, se analizó el informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.
Previo a conocer el informe, el Pleno recibió en comisión general a Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, quien se refirió a la problemática y falta de políticas de rehabilitación social. Además señaló que en el informe se encuentran varias observaciones que responden a la realidad que viven las personas privadas de libertad (PPL).
Por su parte, el asambleísta Ramiro Narváez, ponente del informe y presidente de la Comisión indicó que la investigación contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, familiares de personas privadas de la libertad, representantes de los agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria, expertos nacionales e internacionales y académicos, quienes acompañaron el proceso de investigación, fueron observadores y brindaron insumos y aportes.
En el informe se incorporaron más de 70 recomendaciones para combatir la inseguridad ciudadana. Entre otros aspectos, recomienda a la Función Ejecutiva realizar un censo penitenciario que permita tener las estadísticas nacionales del sistema carcelario; adoptar medidas concretas de reparación integral que permitan evitar los graves hechos de violencia intracarcelaria; establecer mecanismos de cooperación internacional; y, la asignación de presupuesto para la atención al Sistema del Rehabilitación Social para implementar planes, programas y proyectos.
El parlamentario Narváez indicó que como parte del proceso investigativo, visitaron las cárceles de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Pichincha, Azuay y Chimborazo, en las que constataron que el 42,59% de la población carcelaria en Ecuador vive en condiciones de hacinamiento; la infraestructura, servicios y condiciones de vida, no cumplen los estándares internacionales y no existe una verdadera clasificación interna de los PPL.
Además, señaló que el Estado no actuó con la debida diligencia para garantizar la protección de la vida e integridad personal dentro de los recintos penitenciarios, en particular frente a los actos de violencia y las masacres carcelarias suscitadas en el 2019, 2020 y 2021. “La crisis penitenciaria amenaza la seguridad del Estado y no puede ser simplificada como resultado de una pugna de bandas delictivas”, añadió.
Finalmente, la Comisión consideró pertinente analizar las competencias constitucionales y legales que tienen las principales instituciones y organismos del Estado en el ámbito de seguridad y del Sistema Nacional de Rehabilitación Social . De igual forma, consideró necesario precisar las competencias de las entidades del Sistema de Justicia, que a criterio del legislador ponente, ha actuado con indiferencia frente a las graves problemáticas que enfrenta el Sistema de Rehabilitación Social, particularmente con aquellas relacionadas directamente con el acceso a una justicia oportuna.
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