En el marco de la sustanciación del juicio político contra Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, propuesto por Luis Almeida y Ricardo Vanegas, la Comisión de Fiscalización recibió información acerca de la situación de las empresas aseguradoras que operan en el país. En este sentido, Jorge Lince Manrique, intendente Nacional de Seguros, subrayó que las compañías aseguradoras respondieron con apego a la ley frente a los siniestros que se presentaron en la pandemia.
Jorge Lince indicó que en el control de las aseguradoras hubo varios hallazgos sobre el cumplimiento de los requisitos legales para participar en los procesos, para la contratación de pólizas; sin embargo, esto solo puede establecer una vez efectuado el contrato, puesto que no tiene facultad para actuar en el proceso previo, que es responsabilidad del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
En el caso de la contratación de seguros para Petroecuador EP, añadió, se convocó al respectivo concurso en el cual participaron las empresas Sucre, Hispana y Latina, pero no hubo ganadores; no obstante, debido a la inminencia del vencimiento de la póliza, convocó un nuevo proceso de emergencia y se adjudicó a Hispana y Latina en forma conjunta. Posteriormente, se declara la nulidad del proceso y se asigna a Seguros Sucre la cobertura extendida.
Después, la autoridad máxima de Petroecuador deja sin efecto la anterior declaratoria y vuelven a estar a cargo de la póliza las empresas Hispana y Latina, aseveró.
Respecto de la empresa Seguros Sucre, en proceso de liquidación voluntaria por decisión del Presidente de la República, mediante Decreto, el Intendente subrayó que luego de la emisión del decreto no había un directorio que pueda designar al Gerente General, razón por la cual se desarrolló una Junta de Accionistas para solventar esta situación. La recomendación es que se proceda con la liquidación forzosa.
Procuración judicial
Entre tanto, Luis Cabezas-Klare, a quien se lo consideraba como socio de Gad Golstein, explicó que su estudio jurídico fue contratado para que ejerza la procuración judicial de la empresa, que no es otra cosa sino un mandato (contrato), por el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra. Seguramente, esta representación se dio por la trayectoria que tiene su oficina a nivel nacional e internacional, dijo.
El encargo que asumió fue salvar la empresa y, sobre todo, salvar a los acreedores de Ecuagran, entre los cuales está el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), para lo cual se propuso un acuerdo preconcursal, de manera que la empresa pueda establecer directamente con sus acreedores el orden en que se cumpliría el pago de los valores pendientes. Lamentablemente, agregó, la Superintendencia de Compañías negó esta solicitud.
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