A la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral acudió el Defensor del Pueblo (e), César Córdova, quien expuso su versión sobre la crisis penitenciaria y la inseguridad ciudadana que enfrenta el país.
El funcionario se refirió a los hechos suscitados los días viernes 12 y sábado 13 de noviembre de 2021 en el Centro de Rehabilitación Social Nº 1 del Guayas. Informó que desde el año 2013 han realizado 222 visitas en las que han verificado las condiciones de vida de las personas privadas de libertad (PPL).
A su criterio, las condiciones en los centros penitenciarios se han venido deteriorando, porque no se ha logrado un presupuesto suficiente para mejorar las condiciones de vida de los PPL. Sostuvo que no existen políticas públicas para un sistema carcelario adecuado, infraestructura inadecuada y demora en la tramitación y revisión de expedientes. “Más de 10.258 PPL cumplen el tiempo para el cambio de régimen, pero por pérdida de expedientes continúa el hacinamiento”, añadió.
También indicó que durante las visitas se evidenció la falta de una dieta adecuada para aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas. No existe alimentación para los hijos de los presos y la infraestructura no cumple el estándar del Comité Europeo de Prevención que establece seis metros cuadrados por PPL, añadió.
El Defensor del Pueblo indicó que realizaron varias alertas previas a los hechos que causaron conmoción nacional e internacional, pero que no fueron consideradas por las autoridades competentes. Puntualizó que la Defensoría brindó asistencia técnica y jurídica para los familiares de los asesinados, a la vez que respaldó las recomendaciones y observaciones del informe que sobre el tema preparó la Comisión de Seguridad Integral.
Los legisladores José Vallejo y Xavier Jurado sostuvieron que desde la Comisión trabajan en equipo para buscar soluciones al sistema penitenciario y evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos de los presos.
Como segundo punto del orden del día, se dio paso a la moción presentada por el legislador Rodrigo Fajardo para analizar los primeros 50 artículos del proyecto de Ley de Personal y Disciplina de FF.AA. El objeto de la propuesta es regular el régimen de carrera profesional militar, la selección, formación de los aspirantes a oficiales o tropa; y, los regímenes disciplinarios del personal militar de las Fuerzas Armadas, de conformidad con los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Para realizar el análisis y debate del articulado, se convocó a representantes del Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que presenten sus aportes y observaciones. En este sentido surgieron observaciones a los artículos 2, 3, 6 y 7 del proyecto. Robiro Peñafiel, de la Comisión de Legislación Militar del Ministerio de Defensa, sugirió mantener las normas sobre la incapacidad militar y el examen toxicológico y que se incorpore un lenguaje inclusivo.
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, solicitó a los representantes del Ministerio de Defensa Nacional que remitan las observaciones y analicen los nudos críticos del proyecto para discutirlos en una próxima sesión.
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