La Comisión de Fiscalización y Control Político cumplió la última jornada de recepción de pruebas en la sustanciación del juicio político contra el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia. En primera instancia escuchó al exministro del Interior, José Serrano. Seguidamente los interpelantes, Ricardo Vanegas y Luis Almeida sustentaron sus afirmaciones y, por último, el funcionario encausado ejerció su legítima defensa.
José Serrano afirmó que existiría un presunto peculado cuando se autorizó la recompra de bonos 2030, 2035, 2040 y se los canjeó por los 2024, 2026, 2028 y 2029. Indicó que el Consejo Directivo del Isspol, a partir del 21 de octubre de 2016, está presidido por el Ministerio de Gobierno y por tanto hay una instancia que representa al empleador y a la parte patronal de la seguridad social de la Policía Nacional.
Aseguró que el documento que recoge las operaciones, elaborado con fecha 14 de agosto de 2020 fue ocultado deliberadamente para esconder las verdaderas responsabilidades de quienes realizaron las inversiones del ISSPOL, a la vez que afirmó que las inversiones por mayor valor se registraron entre septiembre de 2018 y enero de 2020 por cerca de 155 millones de dólares.
Pruebas de cargo
Los interpelantes concluyeron que de acuerdo con la evidencia documental y testimonial se confirma que existen causales suficientes para recomendar al Pleno de la Legislatura el juicio político y la censura del funcionario, por incumplir sus funciones de control, en el caso de las inversiones irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) en el mercado de valores.
Luis Almeida subrayó que el fundamento jurídico de este juicio político es la falta de control sobre los estados financieros y societarios que se fundamentan en la necesidad de preservar el principio de legalidad en aras de proteger un bien mayor. Informó que ha entregado 8 mil pruebas documentales del perjuicio cometido contra los dineros del Isspol y también de haber permitido una superintendencia paralela.
En tanto, Ricardo Vanegas detalló alrededor de 200 pruebas entre las que constan varios memorandos, oficios, informes y otros documentos relacionados con las inversiones del Isspol y las actuaciones de las autoridades y decisiones de las casas de valores.
Pidió que se incluya en el proceso la declaración patrimonial de los testigos; listado de las intervenciones de la Superintendencia de Compañías a empresas de Guayaquil desde el 2016; que se oficie al Sercop para que las aseguradoras que dicen no tener valor patrimonial sean bloqueadas; investigación a los funcionarios de la Superintendencia de Compañías desde 2014 al 2020, que por su inacción han permitido que los hechos ocurran y auditorías a las empresas involucradas.
Argumentación de descargo
Por su parte Víctor Anchundia, superintendente de Compañías al ejercer su derecho a la defensa rechazó que se lo trate de responsabilizar de las acciones bursátiles, inclusive, antes del 2018. Además, aseguró que ciertas operaciones del Isspol no se realizaron a través del mercado de valores.
Al explicar los procedimientos administrativos señaló que entre otras medidas existieron resoluciones sancionatorias en contra de la Casa de Valores Citadel. Aclaró que en aplicación de la Resolución 047 de 2017, los Intendentes Nacionales de Mercado de Valores respecto de las compañías, cuentan con la delegación de varias atribuciones.
“Varias inversiones del Isspol ocurrieron antes de que yo asumiera las funciones como Superintendente y otras se dieron fuera del mercado de valores, por ello pido el archivo", concluyó Víctor Anchundia.
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