La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral intensifica el estudio de las propuestas relacionadas con la gestión de riesgos, en el marco del análisis de las reformas al Código Orgánico de Seguridad del Estado.
El presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez, explicó que se busca un rediseño institucional de la gestión de riesgos, a fin de articular a todas las entidades involucradas en esta materia bajo una misma visión de carácter humano y seguridad integral.
Subrayó que es necesario que actores públicos y privados, sociedad civil y gobiernos autónomos descentralizados colaboren con el Gobierno Central para reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas clásicas y nuevas en la gestión de riesgos a nivel nacional y en cada una de las localidades.
Esta vez la Comisión escuchó a Cristian Torres, ministro del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, quien reconoció el trabajo que realiza la mesa legislativa respecto a la inseguridad que vive el país, pues el trabajo conjunto de las funciones del Estado permitirá una solución a largo plazo.
El funcionario afirmó que es conveniente que la ley cuente con definiciones y principios, considerando que hay riesgos de diversos tipos, como laborales, financieros, salud y el desarrollo de proyectos, por lo que se debería delimitar las definiciones que se relacionen con la gestión de riesgos de desastres.
También sugirió aclarar los deberes y derechos de la ciudadanía, así como de los GAD y el Gobierno Central. Otro de los aspectos que, a su criterio, debe ser abordado es el mejoramiento de viviendas y la reubicación de asentamientos humanos, en zonas de riesgo, tarea en la que tienen responsabilidad gobiernos municipales.
Además, informó que el Plan Nacional de Desarrollo incorpora un eje de seguridad y, como parte de este, la gestión de riesgos, lo que exige desarrollar en la normativa una cultura de prevención de desastres naturales y que la sociedad esté preparada para enfrentarlos.
Seguridad Privada
La Comisión avanzó en el estudio de los proyectos de ley relacionados con la seguridad privada. Para ello escuchó a Pablo Sevilla, representante de la empresa Tevcol, quien destacó la decisión de unificar las propuestas que sobre esta temática se han presentado en la Asamblea Nacional.
Resaltó que se haya incluido el servicio de transporte de valores como parte de las actividades de la seguridad privada. También compartió la idea de permitir la utilización de equipos e implementos autorizados, por parte del personal de seguridad privada, como actitud disuasiva y de alerta en actos delictivos que se cometen en los sitios donde realizan su actividad.
Sostuvo que las propias empresas de seguridad deben otorgar las credenciales al personal y registrarla en el Ministerio de Gobierno, a la vez informó que en el sector trabajan directa e indirectamente 136 mil personas.
A la sesión también fueron invitados los directivos de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Seguridad Privada y de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quienes presentaron su excusa.
PV
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