La Prefectura del Napo fue el escenario para evaluar y hacer un seguimiento de la Ley de Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. A este encuentro acudió más de un centenar de representantes de la Universidad Ikiam, alcaldes de El Chaco y Quijos, prefectura, delegados de los tres niveles de gobierno, Red de Mujeres Amazónicas y organizaciones sociales.
Los asistentes destacaron este ejercicio complementario de las leyes para verificar su cumplimiento, que es una iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori Abarca, que se ejecuta a través de la Comisión de Biodiversidad.
El presidente de la mesa legislativa, Washington Varela, recordó que en este período legislativo las leyes se hacen en territorio y no desde el escritorio. A los asistentes les informó que la Comisión entregó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Minería, pero que las observaciones se receptarán hasta el segundo debate.
Además, informó que en los próximos días se aprobará el informe para primer debate de las reformas a la Ley Amazónica, de iniciativa de los asambleístas Guadalupe Llori y Elías Jachero.
Varela destacó la importancia de hacer este ejercicio de seguimiento a la ley con los sectores vinculados para ver el nivel de cumplimiento en cuatro temas esenciales: empleo y contratación preferente; entrega de recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible y del Fondo Común para cobertura de necesidades insatisfechas; y, educación superior con la creación de las cuatro universidades en la región amazónica.
La vicepresidenta de la Comisión, Consuelo Vega, resaltó la importancia de la propuesta planteada por la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, de iniciar el Plan de evaluación de la Ley Amazónica aprobada en el 2018. “Hay que estar unidos en esta revisión para exigir los derechos de los amazónicos”, precisó.
El parlamentario Efrén Calapucha afirmó que los datos revelados de la evaluación de la ley permitirán a la Comisión desarrollar un proceso de fiscalización a las instituciones estatales, así como a las autoridades de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) y de los tres niveles de gobierno, en virtud de que los fondos públicos tienen que ser ejecutados de forma transparente y ética.
Resultados mesas técnicas
Miriam Moreno, representante de la sociedad civil, integrante de la mesa técnica de empleo y contratación preferente, solicitó procesos de capacitación y apoyo técnico para la contratación de empleo de mano de obra local y de contratación pública para asociaciones; y, fortalecer proyectos productivos de la región amazónica.
De su lado, Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros en Gestión Ambiental del Ecuador CIGAE, al dar los resultados del análisis del Fondo de Desarrollo Sostenible, indicó la necesidad de conformar una comisión ciudadana con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados para el seguimiento, control y evaluación de información veraz sobre la venta de petróleo a efectos de que se entreguen los recursos que correspondan.
Entre tanto, Fabián Chicaiza, de la Asociación de Agroproductores de Napo, indicó que en el análisis del Fondo Común participaron 33 delegados de diversas organizaciones. Dijo que se desconoce el destino de los recursos y la falta de transferencia a comunidades.
En cambio, María Victoria Reyes, rectora de la Universidad IKIAM, al dar los resultados de la mesa técnica de educación, pidió la fiscalización a los recursos de la CTEA en la entrega del 3% para educación; socialización de la oferta académica; fortalecimiento de la educación básica y media; entrega de recursos para la implementación de estudios de pertinencia de carreras técnicas en las ofertas académicas; incremento de programas de becas para estudiantes con méritos académicos y personas con discapacidad.
El presidente de la Comisión, Washington Varela, agradeció la participación de varios sectores y anunció que las sugerencias serán analizadas en las reformas a la Ley Amazónica.
JLVN/pv
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