El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el proyecto de Ley para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y Servicios no Solicitados, que está orientado a que las instituciones financieras hagan estrictos controles sobre los servicios que brinden a través de la banca electrónica y demás canales electrónicos, e implementen seguridades para precautelar los recursos de los usuarios y/o clientes.
En el debate participaron 11 parlamentarios. Todos coincidieron que esta normativa nace con la finalidad de evitar abusos y excesos por parte instituciones que utilizan mecanismos engañosos para realizar cobros indebidos y servicios no solicitados, de allí la necesidad de garantizar los derechos de los clientes y usuarios.
Además, dijeron que se necesita una banca solidaria, responsable y ética, comprometida con el país, que vele por las necesidades de los segmentos pequeños que requieren acceso al crédito. Así mismo, a criterio de los asambleístas se debe fortalecer la figura del Defensor del Cliente, mismo que debe ser independiente, establecer sanciones y multas a la Junta de Política y Regulación Financiera.
Por su parte, la legisladora Jahiren Noriega, ponente del proyecto señaló que más de 60 mil denuncias públicas de reclamos se presentaron en el 2018, que significó una devolución de más de un millón de dólares y se iniciaron 12 procesos sancionatorios.
Precisó que en el proyecto se fortalecen los derechos de usuarios y clientes en cuanto a protección de datos, información de productos, derecho a elegir con libertad productos ofertados por Instituciones financieras, conocer condiciones de los productos y servicios, aceptación expresa, prohibición de atentar contra el interés general y conllevar de forma directa o indirecta prácticas fraudulentas, así como el derecho al reclamo, y la fijación de horarios para llamadas de ofertas con números de teléfonos identificados.
La asambleísta Noriega, luego de escuchar las intervenciones de los legisladores, solicito la suspensión de este punto para analizar la incorporación de cambios sugeridos y estructurar el texto final para votación, de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, propuesta que fue acogida. Por tanto, la Comisión de Régimen Económico deberá entregar en un plazo máximo de ocho días el documento que será sometido a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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