La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de sus integrantes, resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, proceda al enjuiciamiento político, censura y destitución de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley, conforme las acusaciones formuladas por los legisladores Ricardo Vanegas y Luis Almeida.
El organismo considera que el funcionario incumplió lo dispuesto en el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que obliga a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a ejercer la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, Código Orgánico Monetario y Financiero, y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Así mismo, infringió lo previsto en el Estatuto Orgánico de Procesos de la Superintendencia, que entre las funciones, determina la obligación del Superintendente de ejercer, personalmente o por medio de los funcionarios de la institución a quienes delegue, el control e inspección de las actividades de las compañías sujetas al régimen de la Ley de Compañías y de la Ley de Mercado de Valores.
En el informe, la Comisión resume los testimonios de cerca de 40 funcionarios públicos, directivos de entidades privadas y empresas, pruebas que fueron solicitadas por los proponentes del juicio político. Se reafirma que durante la sustanciación del proceso se respetaron los principios del debido proceso y del derecho a la defensa por parte del funcionario encausado.
Así mismo, la Comisión entre otros temas recomienda que la Asamblea remita el informe, con la documentación de sustento, a la Fiscalía General del Estado, para que, dentro del marco de sus competencias, analice e incorpore, como aporte en las indagaciones e investigaciones abiertas referentes al caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). Además, sugiere que se investigue a los funcionarios miembros de los directorios del ISSPOL y su participación en la toma de decisiones que encaminaron al perjuicio a dicha institución.
Se propone, igualmente, remitir el informe a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con el fin de aportar en el seguimiento de la ruta del dinero del ISSPOL y los indicios que encuentre en la configuración del mismo.
De conformidad con lo estatuido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez difundido el informe, en el plazo de cinco días, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno.
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