La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició la revisión de las observaciones formuladas por los legisladores durante el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación.
Este proyecto nace de la disposición contenida en la sentencia de la Corte Constitucional, que analizó la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental” contenida en el artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal.
El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, tras presentar un cronograma de actividades, propuso que el análisis se realice en torno a tres puntos considerados críticos, como la temporalidad para interrumpir el embarazo, los requisitos y la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud.
También destacó el trabajo de los equipos técnicos, asesores y de los comisionados que han expuesto sus criterios sobre el tema y han escuchado la opinión y las propuestas de cerca de 40 actores sociales.
En la sesión se propuso la comparecencia de varias personas para que presenten sus observaciones a esta propuesta, entre ellas, el Gerente de la Maternidad Isidro Ayora para que informe sobre la situación de las adolescentes embarazadas que son atendidas en esta casa de salud.
De acuerdo con el plan de trabajo, la Comisión de Justicia se reunirá mañana, con el fin de analizar la temporalidad como punto crítico, para lo cual escucharán los criterios de profesionales del Derecho, de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, entre otras personas.
El miércoles, en cambio tratarán los otros dos nudos críticos. En la mañana debatirán sobre los requisitos y en la tarde sobre la objeción de conciencia por parte de los médicos.
El legislador Dalton Bacigalupo sugirió que cada uno de los miembros de la Comisión remitan por escrito sus propuestas y sobre esa base avanzar en el análisis para construir el informe para segundo debate en el Pleno.
José Chimbo, tras indicar que el primer debate en el Pleno constituye un paso importante para cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, propuso fijar como temporalidad hasta 12 semanas de gestación para interrumpir el embarazo en caso de violación.
Sostuvo que para el debate de su propuesta se consideren las experiencias que sobre el tema tienen otros países, a fin de enriquecer el debate para construir una ley que vaya en beneficio de la ciudadanía. Indicó el caso de México, Uruguay y Argentina que han fijado la temporalidad entre 12 y 14 semanas para interrumpir el embarazo en caso de violación.
PV
