La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, continuó la recepción de observaciones en el tratamiento de los proyectos de ley relacionados con la regulación de lobby y la prevención de conflictos de intereses, que tiene la finalidad de enfrentar las diferentes formas de corrupción y afecciones al interés común en materia de regulación y gestión de las diferentes instituciones del país.
En primera instancia, intervino Danilo Sylva, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, quien manifestó la importancia de definir qué acciones de la administración pública pueden o no ser sujetas a la actividad del lobby, limitándose a los actos normativos o cualquiera que emane de la administración pública y que tenga efectos generales.
Consideró que siempre habrá una alta probabilidad de que algún grupo o sector salga beneficiado con el lobby, de ahí la necesidad que las actuaciones del funcionario público con poder de decisión tengan un límite en caso de que exista conflicto de intereses.
En este sentido, como delegada de la Fiscalía General del Estado, Magaly Ruiz, tras explicar las competencias que le otorga la Constitución a la institución, explicó que en el ejercicio de sus funciones únicamente les corresponde someterse a los derechos y garantías que se encuentran consagradas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos.
Sostuvo que la Fiscalía es un organismo autónomo de la Función Judicial y debe sujetarse a varios principios como el de independencia, reserva y confidencialidad, objetividad, entre otros.
Así mismo, Pedro Martín Páez, delegado del Consejo de la Judicatura, consideró importante la regulación de las actividades del lobby para garantizar transparencia y probidad en el servicio público. Citó que en algunos países existe normativa de carácter orgánica en sus legislaciones, con el objetivo de transparentar actividades y las relaciones que existen entre el sector privado y público.
Entre tanto, Sonia Romero, delegada de la Defensoría del Pueblo, comentó sobre el lobby y cabildeo como mecanismo de prevención de la corrupción, tomando en cuenta las obligaciones del Estado como la generación de política pública, con la finalidad de satisfacer estas necesidades.
Finalmente, Karín Jaramillo, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), sostuvo que cuando una democracia funciona a cabalidad y garantiza derechos, la unidad e integración de distintos componentes sociales o económicos se mantienen en comunidades y colectivos con valores de acción compartidos y les permiten ejercer sus derechos políticos, sociales y culturales que conducen al progreso del país.
HC/pv
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