La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana profundizó el análisis sobre la utilización de los fotoradares, especialmente, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Carlos Riofrío, contralor general del Estado, se refirió a las acciones de control y exámenes especiales realizados en esa ciudad.
Detalló varios de los informes emitidos. Uno de ellos el referente al examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes aprobados en el período comprendido entre el 1 de enero 2013 y el 31 de diciembre de 2017 al Municipio de Ambato.
Además, explicó que en el examen se incluyó el análisis de la operación, determinación, imposición y recaudación de las infracciones de tránsito captadas por el fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana entre Luis Aníbal Granja y el redondel del Terremoto sentido norte-sur y la renegociación del sistema de contratos.
La asambleísta Rosa Belén Mayorga expresó que con la investigación se busca hacer justicia con los perjudicados, mientras que Nathalie Viteri enfatizó en la necesidad de aplicar sanciones penales para los representantes de la compañía que se enriquecieron con fotoradares a través del Estado y la indemnización por ese enriquecimiento ilícito.
Javier Altamirano, alcalde de Ambato, informó que su administración recomendó una renegociación del contrato, con clausulas y términos claros y precisos. “Esto fue un asalto al bolsillo de los ambateños”, añadió.
A criterio de Robinson Loaiza, concejal de Ambato, el informe es ilegal y no cuenta con sustento jurídico para la renegociación del contrato para este tipo de concesiones. Dijo que lo que ha pasado con Ambato y Loja es vergonzoso, porque es la misma jueza la que sentencia para la concesionaria.
El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez subrayó que el compromiso con la ciudadanía es que la verdad salga a la luz y que los responsables del perjuicio a Ambato y a la provincia de Tungurahua sean sancionados en el marco de la ley.
“Si hay un cobro excesivo, si hay un perjuicio colateral, como es la afectación al turismo en Ambato, como representantes de la ciudadanía tenemos el compromiso y la obligación de resolver el problema, está en las manos de la Contraloría hacer justicia ahora para Ambato”, puntualizó el legislador al cerrar la sesión.
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