Una vez analizada la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios), la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales decidió por unanimidad no acoger la objeción presentada por el Presidente de la República.
El presidente de la Comisión, Manuel Medina, sostuvo que “la objeción es ajena a la realidad por la que atraviesan miles de becarios y estudiantes que han accedido a créditos educativos y, sobre todo, ajena a la crisis económica y laboral por la que atraviesa el Ecuador”.
Entre las observaciones que se presentan en el informe se menciona que al restringir el régimen especial de facilidades de pago únicamente a los programas de becas administrados por SENESCYT se estaría vulnerando los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ya que existirían grupos de estudiantes que, encontrándose en las mismas circunstancias y similares condiciones, no podrían acceder a las facilidades de pago propuestas, lo cual puede llegar a considerarse como un obstáculo para el efectivo ejercicio de sus derechos.
De igual forma la Comisión no considera conveniente la eliminación de la tabla de facilidades de pago donde se especifican los montos y los plazos. Una de las conclusiones a las que llegó la mesa legislativa es que la objeción rompe el contenido central de la propuesta de reforma legal, limita el régimen especial de pagos únicamente a los programas de becas administrados por la Senescyt y establece que dicho régimen especial sea de carácter temporal.
Los comisionados coincidieron en la ratificación del proyecto original aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, debido a que la reforma propuesta brinda un apoyo permanente a estudiantes y personas beneficiarias de becas y créditos de estudios que, por diferentes razones, no han podido cumplir con el pago de las cuotas establecidas en sus respectivos programas y por tal motivo se encuentren enfrentando un proceso coactivo.
El plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la objeción finaliza el 28 de enero de 2022.
KC/pv
