La Comisión de Justicia y Estructura del Estado desde hoy en la mañana inició la revisión del borrador del articulado del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, quien dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley.
El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo aseveró que la mesa legislativa ha mantenido sus puertas abiertas para escuchar las propuestas de diversos sectores, lo que ha permitido crear un texto con un enfoque de derechos en beneficio de la gente. “A la comisión han acudido médicos y otros profesionales de la salud, especialistas, expertos nacionales y extranjeros, y constitucionalistas, quienes presentaron sus observaciones, al igual que los legisladores”, resaltó.
El nombre de la ley y el objeto fueron dos de los temas que más debate generaron en la mesa legislativa. Luego de escuchar las diversas visiones sobre el tema, se determinó que se denominará “Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación”.
Se estableció que la ley tendrá como objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en casos de violación, garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El proyecto tendrá como ámbito de aplicación todo el territorio nacional y será de observancia y aplicación por parte de las personas y servicios, operadores de salud, servicios y establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud y del sistema nacional para prevenir la violencia contra las mujeres. Toda persona gestante producto de una violación estará amparada por las disposiciones de esta ley.
Entre los fines, constan garantizar la dignidad de la persona que desee interrumpir el embarazo en caso de violación y establecer los lineamientos necesarios para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Adicionalmente, los legisladores determinaron quienes son titulares de este derecho.
El proyecto se regirá por los principios de confidencialidad, igualdad y no discriminación, equidad, gratuidad, progresividad y no regresividad, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Tendrá un enfoque de derechos humanos, género, intergeneracional, movilidad humana, interculturalidad, de discapacidad e interseccionalidad.
El proyecto también aborda los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes con discapacidad o que posean una condición discapacitante y en movilidad humana para decidir y acceder a la interrupción del embarazo en caso de violación.
Otro de los temas que generó un amplio debate es el relativo a la temporalidad. Varios fueron los criterios sobre el tema. Por ejemplo, Johanna Moreira comentó que no debe haber plazo para la interrupción del embarazo en caso de violación; no obstante, sugirió que sean 22 semanas. José Chimbo en cambio planteó 12 semanas, mientras que José Agualsaca propuso como plazo máximo para la intervención médica 28 semanas para el caso de mujeres mayores de 18 años y sin plazo para niñas, adolescentes menores de 18 años de edad y mujeres con discapacidad. Este último criterio fue acogido con seis votos afirmativos.
En esta sesión, la Comisión también resolvió otro de los nudos críticos como es el relativo a los requisitos para lo que fijó el procedimiento, para que los casos de violación sean puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado por el establecimiento de salud, para que sean investigados y se inicien procesos de atención integral.
Además, se aprobaron las normas relacionadas con las reglas especiales para el consentimiento informado para la interrupción legal y voluntaria del embarazo producto de la violación sexual y las personas que conforman el personal de salud y sus deberes, entre ellas, médicos, parteras, enfermeros ginecólogos, obstetras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y anestesistas.
Al suspender la sesión, que duró más de 10 horas, el presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, agradeció el trabajo y aporte de los legisladores y anunció que la revisión del articulado continuará el miércoles a partir de las 09h30.
PV
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