La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, continúo con la sesión 066, en una jornada que duró más de 12 horas revisaron el borrador del articulado del proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación, el cual fue presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, quien dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley.
Previamente, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión defendió el trabajo desarrollado por la mesa legislativa en el proceso de construcción del proyecto, donde se revisó, discutió y debatió artículo por artículo luego de escuchar a especialistas, profesionales de la salud, abogados, constitucionalistas, expertos nacionales y extranjeros, quienes presentaron sus aportes y observaciones.
Además, enfatizó que no se justifican las críticas que se han vertido en torno al proyecto que nace de una sentencia de la Corte. “Me solidarizo con los legisladores, la ciudadanía y las organizaciones que son objeto de agresiones y calificativos innecesarios, por nuestra parte cumplimos una sentencia y trabajamos por la niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia no solo sexual, sino emocional y psicológica”, resaltó.
Las legisladoras Gissela Garzón, Jhajaira Urresta y Johanna Moreira también cuestionaron los calificativos en contra de los parlamentarios y reiteraron el compromiso de trabajar para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
La jornada inició con el análisis del artículo 26 del proyecto, relacionado con el deber de protección a la víctima de violencia sexual y de investigación, sanción y reparación, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, medidas provisionales urgentes y medidas de protección para la víctima, y las atribuciones de la Fiscalía General del Estado, temas que ya forman parte del Código Orgánico Integral Penal.
También se revisaron las prohibiciones del personal de salud y la objeción de conciencia, así como los servicios de salud que pueden brindar a la víctima en el ámbito médico, psicológico, proceso de rehabilitación y reparación de las víctimas de violación.
Los derechos del personal de salud que interviene directamente en el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, como ejercer su profesión y práctica de forma libre, sin presiones ni amenazas de ninguna naturaleza y ejercer la objeción de conciencia, fueron materia del debate en la Comisión.
Además, se definieron las obligaciones del Estado y de la autoridad sanitaria nacional, para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, para lo cual se fomentará la articulación y coordinación interinstitucional, entre el sistema nacional de salud, sistema de prevención y erradicación de la violencia de género y el sistema de protección integral de niñez y adolescencia.
Las responsabilidades de la Defensoría Pública, las responsabilidades de las juntas cantonales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellas, denunciar aquellos casos en donde se presuma el cometimiento del delito de violación ante la Fiscalía y dictar medidas de protección, también formaron parte del debate.
Adicionalmente se definió los textos relativos a las medidas de reparación integral a las víctimas, los tipos de infracciones y sus respectivas sanciones, así como el procedimiento para el juzgamiento de la infracción.
El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, propuso discutir por una última vez este viernes la temporalidad para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, esta propuesta recibió el respaldo de los miembros de la Comisión. “Vamos a invitar a expertos para que con base en la evidencia científica y haciéndonos eco de una construcción colectiva de las normas, que es prioridad de esta mesa, se pueda tomar una decisión que alcance una mayor convergencia de las bancadas políticas”, afirmó.
PV
