La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que preside Ramiro Narváez, recibió a la fiscal General, Diana Salazar y a María del Carmen Maldonado y José Morillo presidenta y vocal del Consejo de Judicatura, respectivamente, con el propósito de conocer las acciones desarrolladas frente al retiro de visas hacia los Estados Unidos de Norteamérica a generales de policía, jueces, funcionarios y abogados en libre ejercicio, por presunta participación en actos reñidos con la ley.
Diana Salazar reiteró el compromiso desarrollado en la lucha contra la corrupción, que es un eje principal de su gestión. Sin embargo, frente a este tema en específico, subrayó que por respeto a las normas del debido proceso y al derecho a la protección del buen nombre de las personas y el derecho a la presunción de inocencia, la Fiscalía no puede iniciar una investigación masiva respecto de los 20 generales y los 40 jueces. “Es necesario que existan indicios particulares de quienes pudieran estar involucrados en actos que configuren delitos para iniciar una investigación”, afirmó.
Respecto de si se ha requerido asistencia penal internacional de los Estados Unidos para recabar información del retiro de visas, la Fiscal General enfatizó que la asistencia internacional es una estrategia que se aplica como parte del proceso de indagación previa, es decir, cuando se ha iniciado una investigación.
Diana Salazar aseguró que se ha pedido información a organismos de control como la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico para tener esos indicios.
De su lado, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, indicó que apenas conocieron estas denuncias, el Pleno del organismo tomó acciones y se dispuso que todos los directores nacionales y provinciales de la institución, en el marco de sus responsabilidades y obligaciones como servidores judiciales, reporten de forma inmediata el estado de sus visas.
Recordó que el Consejo se encarga de adoptar medidas administrativas y disciplinarias, como órganos de gobierno de la Función Judicial, puesto que la acción penal, en caso que existan indicios de responsabilidad en esa materia, corresponde a la Fiscalía General del Estado.
José Morillo, vocal del CJ explicó los procesos de evaluación aplicados desde el año 2019. “No nos ha temblado la mano para sancionar a jueces y funcionarios que han incurrido en acciones contrarias a la ley; así mismo, tenemos la responsabilidad de defender la imagen de los buenos funcionarios del sector justicia”, concluyó.
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