Origen de la protesta social de octubre de 2019 fue analizada en la Comisión de Garantías Constitucionales

Viernes, 14 de enero del 2022 - 21:20 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Origen de la protesta social de octubre de 2019 fue analizada en la Comisión de Garantías Constitucionales

Hasta la Comisión de Garantías Constitucionales acudieron expertos nacionales e internacionales, con el fin de analizar las circunstancias que ocasionaron la protesta social de octubre de 2019 y sus consecuencias. Esto en el marco del estudio de las solicitudes de amnistía e indulto.

La primera en comparecer fue Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de la Geopolítica, quien centró su exposición en la utilización de instrumentos jurídicos para criminalizar a enemigos políticos y eliminarlos del panorama político. Comentó que las víctimas de estas prácticas generalmente son personas que se oponen a políticas neoliberales.

Añadió que la persecución política se la realiza a través de la vía judicial y que los luchadores populares deben enfrentar detenciones sin el debido proceso, lo que deriva en una política antidemocrática. “Se recurre al Lawfare para desmoralizar al adversario político y marginarle del panorama político, incluso a sus familiares y el circulo cercano, así como para generar miedo en la militancia”, señaló Romano.

De su lado, Franklin Ramírez, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Social (Facso), comentó que al levantamiento de octubre de 2019 se lo debe mirar en contexto, como el resultado de un proceso de lucha, protesta y movilización social, características que reflejan la vitalidad democrática de una sociedad.

Además, dijo que en Ecuador hay una enorme tradición de lucha y movilización por parte de los sectores sociales que han merecido la atención desde hace mucho tiempo por parte de los especialistas. “La protesta de octubre 2019 evidenció el rechazo de la población a medidas de política económica que implicaban un golpe al poder adquisitivo de la sociedad y a la economía popular, medidas que jamás fueron consultadas con los sectores sociales”, señaló.

Ramírez aseguró que aún antes de octubre ya hubo un incremento de la conflictividad social que venia incubándose en distintos puntos del país, pues la conducción de la economía y del Estado significó el crecimiento de la pobreza y el desempleo; había una enorme agitación social.

A su vez, Melisa Moreano, académica de la universidad Andino Simón Bolívar, comentó que “la represión estatal a las protestas fue racista, clasista y xenófoba, y no respetó incluso espacios declarados zonas humanitarias de paz; por ello, la concesión de amnistías resarciría ese uso excesivo de la fuerza”.

PV

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