La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, continuó el tratamiento de las iniciativas legislativas referentes al régimen de relaciones laborales en plataformas digitales, previo a la elaboración del informe para primer debate.
La presidenta de la Comisión, Rina Campain, informó que en la fase de socialización han participado siete organizaciones, colectivos y sectores directamente interesados en estas iniciativas.
La asambleísta Johanna Moreira, proponente de uno de los proyectos, subrayó que necesario regular el trabajo a través de las plataformas digitales, considerando que la pandemia ocasionó que miles de personas pierdan sus empleos, presionándolas a buscar un sustento económico en cualquier lugar.
Explicó que su propuesta de ley, que está compuesta por 20 artículos, 3 disposiciones transitorias, una derogatoria y una general, reconoce para los trabajadores de plataformas digitales el derecho a vacaciones, a una jornada laboral acorde con la realidad y la necesidad del trabajador, salario justo, reconocimiento de horas suplementarias, acceso a la seguridad social, salud y seguridad ocupacional, especialmente, en el tema de implementos necesarios para su seguridad y cuidar su vida en caso de accidentes.
Tras señalar que más de 20 mil personas se dedican a esta actividad laboral en nuestro país, advirtió que se les obliga a trabajar los 7 días de la semana, de 10 a 12 horas diarias, con un salario básico y de allí se le descuenta mantenimiento y combustibles. “Los trabajadores de plataformas digitales de reparto de bienes sufren precarización laboral, acoso sexual y discriminación”, aseguró la legisladora.
Según la Cámara de Comercio durante el año 2020 en Ecuador se registró un incremento considerable de este tipo de empresas que facturaron aproximadamente 2 mil 300 millones de dólares. Las empresas de plataforma digitales extranjeras dedicadas al reparto no pagan al SRI, no tributan y les obligan a los repartidores a tener factura electrónica y que sean ellos los que tributan, detalló Moreira.
Daniel Mejía, del consultorio gratuito de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) subrayó que las plataformas digitales de economía colaborativa que tienen relación jurídica civil y contractual con los prestadores independientes, sí garantizan el derecho al trabajo sin necesidad de una relación laboral.
Diego Álvarez, especialista en protección de datos y regulación digital, de la Universidad Católica del Ecuador e integrante de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), hizo un llamado a entender que las plataformas son habilitadoras del desarrollo digital de los países, mismas que no solo generan oportunidad de ingresos diversificados, sino que no se las puede "ajustar un traje antiguo".
Juan Sebastián Salcedo, especialista en economía digital, hizo un análisis del posible impacto de una regulación para las plataformas digitales. Sostuvo que pretender aplicar el marco laboral actual no funcionaría y generaría cierre de negocios y, por ende, habrá menos trabajo.
Luego de las diferentes exposiciones, la Comisión resolvió unificar los proyectos de Ley de Defensa y Fomento del Comercio Autónomo; y, Orgánico de Fomento, Comercio y Defensa al Trabajo Autónomo, de los exasambleistas Soledad Buendía y Franklin Samaniego, para que sean incluidos en el tratamiento de las iniciativas legislativas sobre el régimen de relaciones laborales en plataformas digitales.
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