La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó los argumentos de representantes de la sociedad civil sobre el pedido amnistía a quienes tienen procesos judiciales por defender los derechos de la naturaleza. Consideran que se debe dar protección a estas personas, como medida afirmativa, por tratarse de gente pobre.
Esperanza Martínez, presidenta de la Oficina de los Derechos de la Naturaleza, mencionó que detrás de cada protesta hay una defensa de territorios, de otras formas de vida y de la naturaleza. Dijo que en cada caso de amnistía hay una familia y una comunidad que busca justicia y que no se les criminalice por defender la naturaleza.
Agradeció a la comisión por la seriedad y compromiso con la que trata las amnistías y felicitó a los movimientos sociales que luchan por los derechos de la naturaleza. Dijo que es importante considerar los impactos de la producción energética, en razón de que la extracción petrolera genera inmensos problemas tanto ambientales por la contaminación, como el despojo de tierras no solo para pueblos y nacionalidades, sino para el conjunto de territorios a nivel regional por la destrucción de los ecosistemas.
Por su parte, Viviana Hidrovo, de Alianza por los Derechos Humanos, habló del abuso del sistema penal que lleva a la criminalización de quienes defienden los derechos de la naturaleza. Señaló que en el informe de Derechos Humanos se identificó que en Ecuador ser defensor de la naturaleza es una actividad de riesgo y que hubo 119 casos de criminalización a defensores, a través de procesos judiciales infundados.
Entre tanto, Gabriela Fraga, de la Comunidad de Buenos Aires, relató los hechos de la actividad minera en este sector, lo cual llevó a un proceso de hostigamiento por parte de la empresa minera y del Estado.
Indicó que, además hay vulneración de derechos como la consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas frente a la defensa de la naturaleza, ambiente, agua, tierras, así como el mal uso del derecho penal, la entrega de concesiones ambientales con procesos irregulares.
En cambio, Oswaldo Fraga, defensor del agua, de la vida y miembro BUPROE, señaló que fue hostigado, amenazado y perseguido por parte de las empresas mineras ilegales que se instalaron en la parroquia de Buenos Aires.
Precisó que luego tres años la población se organizó de mejor manera, por tanto, la lucha de Buproe ha sido fundamentada en los mandatos constitucionales y legales para evitar los impactos de la destrucción de la naturaleza debido a la entrega de concesiones mineras. Solicitó se acoja las amnistías a favor de todos los defensores de los derechos de la naturaleza, del agua, la vida y medio ambiente que han sido procesados y judicializados. Precisó que en Buenos Aires el 90% de la población está en contra de la actividad minera.
Tarquino Cajamarca, quien lleva la defensa de los afectados del pueblo Shuar y de Morona Santiago, manifestó que varias personas están criminalizadas, judicializadas y discriminadas, por expresar que no quieren actividad minera y presentaron resistencia. Explicó que inicialmente las denuncias fueron por paralización de servicios públicos, después por hurto y robo.
En cuanto a Morona Santiago aseguró que se vive una persecución por parte del Estado y las empresas mineras. Añadió que, en estas circunstancias, varias personas no tienen recursos para defenderse de las denuncias.
El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, agradeció la información y testimonios expuestos y anunció que la mesa legislativa preparará el informe para ser tratado en el Pleno del Parlamento.
JLVN/pv
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