La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana escuchó los criterios de nuevos actores y autoridades en torno al proyecto de Ley Orgánica Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En la sesión de este lunes participaron delegados de la Secretaría de Derechos Humanos, Cancillería y de la Academia.
José Antonio Sánchez, participó en representación de la Secretaría de Derechos Humanos destacó que el proyecto contiene iniciativas novedosas como el sistema para la prevención y mitigación de la trata de personas, con el objetivo de fortalecer los centros de atención y casas de acogida.
De su lado, María Soledad Córdoba, de Cancillería expuso las acciones desarrolladas para atender y prevenir los casos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, entre ellos, los “centros violeta”. Informó que el presupuesto para el efecto es de 8 millones de dólares.
La legisladora Jessica Castillo señaló que la problemática abordada exige un enfoque de múltiples sectores y una estrecha colaboración institucional, además de un aporte profundo por parte de la Asamblea Nacional.
Andrés De la Vega, coordinador del Proyecto de Trata de Personas en Ecuador de la Organización de Estados Americanos recalcó que es oportuno actualizar la legislación; que hace falta cumplir estándares internacionales, un abordaje especializado, fortalecer sanciones, protección y asistencia a las víctimas.
El asambleísta Salvador Maita mencionó que las autoridades competentes deben reflejar su interés en la erradicación de la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños que son los más afectadas, además del apoyo a sus familias.
Finalmente el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Juan Fernando Flores, agradeció los aportes de las autoridades, sociedad civil y academia, que servirán para la construcción del proyecto de Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
ES/pv
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