Este viernes, 21 de enero, la Comisión de Fiscalización y Control Político iniciará la recepción de pruebas testimoniales, en la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por el legislador Darwin Pereira en contra de Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
Para la referida fecha, el organismo tiene previsto recibir a ocho comparecientes, por pedido del interpelante. Se trata de Solanda Goyes, Karina Ponce, Cristian León Ortiz, José Xavier Paredes, Alfonso Baño, Jorge Tello Morales, Juan Manuel Hijuelos y Orfa Graciela Bustamante.
Mientras, el lunes 24 de enero, en la mañana recibirá los testimonios de cargo de María Giselle Loor, Aníbal Arturo Medina y Daniel Francisco Montenegro. En horas de la tarde, testificarán Luis Antonio Lucero, Edward Fabricio Freire, Amparo Espinoza Zambrano y Octavio Bueno Félix, por pedido de la Superintendenta de Bancos.
Así mismo, para el miércoles 26 de enero, los convocados son: Karina Macías, Gabriel Oyague, Arturo Morales Delgado, Evelin Gloria Torres, Francisco Xavier Mite, Mauricio Alarcón, Claudia Vega y Ana Cristina Hernández.
Concluidas estas comparecencias solo restaría a la Comisión escuchar los argumentos de cargo, por parte del interpelante, Darwin Pereira y de la funcionaria enjuiciada, Ruth Arregui, superintendenta de Bancos.
Causales del juicio político
Según el interpelante, Darwin Pereira, las ocho causales que sustentan este proceso político, demuestran, entre otros incumplimientos, la inacción o falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos a instituciones del sistema financiero, pues algunas de ellas durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 infringieron la ley, al cobrar interés sobre interés y valores no considerados en la normativa, sin que la autoridad cumpla su deber de control para evitar los graves perjuicios en contra de la ciudadanía.
En la solicitud de enjuiciamiento se mencionan violaciones expresas al Código Monetario y Financiero; a la Ley de Seguridad Social; a la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, específicamente en lo que atañe a las normas de control para las entidades del sistema de seguridad social y la calificación de autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Social; y, al Código de Planificación y Finanzas Públicas.
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