En la Comisión de Garantías Constitucionales, académicos y especialistas realizaron un análisis integral sobre la justicia indígena administrada por la autoridad perteneciente a estos grupos, que debe tomar en cuenta las formas de organización, conocimientos ancestrales y cosmovisión para ejecutar sentencia frente a un problema determinado. Precisaron que el Estado debe respetar las decisiones de las autoridades indígenas.
La doctora Nina Pacari Vega, exjueza de la Corte Constitucional, reflexionó sobre el marco constitucional que sustenta la justicia indígena. Dijo que se debe tomar en cuenta las propias particularidades y formas de organización, económica, social y cultural de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que son titulares de derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
Además, precisó que para administrar la justicia indígena hay que tomar en cuenta los derechos establecidos en la Constitución, a fin de evitar persecución política, a la vez, sostuvo que tanto la justicia indígena, como la justicia ordinaria son de igual jerarquía.
El doctor Raúl Ilaquiche dijo que la jurisdicción indígena está enmarcada en el nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y justicia intercultural y plurinacional que rige desde el 2008, donde se reconoce la libre determinación y los derechos colectivos que incluye la potestad para administrar justicia y resolver los problemas que ocurren en su territorio.
Subrayó que los pueblos y nacionalidades tienen autoridades para resolver los problemas, por tanto, el Estado no puede intervenir, caso contrario se desconocería los derechos colectivos, el estado plurinacional y pluricultural.
Cecilia Baltazar, del Movimiento Indígena y Campesino expresó que el sistema de administración de justicia indígena tiene sus propias reglas, cosmovisión y prácticas ancestrales, para resolver conflictos dentro de sus territorios. “La autoridad indígena asignada en cada pueblo o comunidad tiene la función de administrar justicia y debe trabajar para que los habitantes tengan los instrumentos jurídicos, políticos y administrativos para buscar el buen vivir”, resaltó.
Así mismo, formuló un llamado a fortalecer este sistema de administración de justicia, que es un derecho colectivo consagrado en el marco constitucional.
El asambleísta Mario Ruiz mencionó que la justicia indígena ha sido invisibilizada y desconocida por quienes administran la justicia ordinaria.
El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, al agradecer a los expositores, señaló que estos insumos servirán para elaborar el respectivo informe para conocimiento del Pleno de la Legislatura.
JLVN/pv
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