Raquel Yrygoyen Fajardo, abogada peruana y Marco Cadena, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Imbabura, al exponer sus fundamentos jurídicos con relación al procedimiento de amnistías e indultos que revisa la Asamblea Nacional, sugirieron tramitar las amnistías de forma acelerada para reivindicar los derechos de dirigentes sociales de pueblos y nacionalidades que defienden sus territorios, la naturaleza y luchas sociales.
La abogada peruana explicó sobre los derechos de libre autodeterminación de los pueblos y como parte de ello, la defensa de sus medios de subsistencia, es decir, sus territorios. “En Ecuador, pese a los avances constitucionales, el sistema judicial no respeta los derechos de pueblos indígenas consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales que, reconocen la libre determinación de sus territorios, derecho consuetudinario, estructuras institucionales, jurisdicción indígena con propias normas, costumbres, tradiciones e inician procesos judiciales en su contra”, destacó.
Al no respetar sus derechos se da lugar a la protesta social pacífica; sin embargo, se procesa a los indígenas irrespetando el marco constitucional e internacional, afirmó al recordar que el Estado tiene un marco normativo que le obliga a aplicar y respetar estándares internacionales, sin excusa en su legitimación interna, por lo que la justicia ordinaria no debería volver a juzgar los casos vistos y resueltos por la jurisdicción indígena.
A su criterio, la Asamblea Nacional debería otorgar la amnistía a los dirigentes y luchadores que defienden su territorio, la naturaleza y sus derechos colectivos lo cual sería un ejemplo a nivel regional.
De su lado, Marco Cadena, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Imbabura, defendió la lucha social de pueblos. Coincidió con la exposición de la abogada peruana. Dijo que hay que reivindicar sus derechos y conceder amnistías. Recordó que hay sentencias de la Corte Constitucional que, en algunos casos, no son cumplidas.
Señaló que la Asamblea Nacional, como institución, debe ir más allá, ampliando derechos de estos sectores que vayan de la mano de políticas de Estado.
“Hay que buscar la paz social y evitar la confrontación y la criminalización, tomando en cuenta que los pueblos ancestrales y organizaciones sociales, amparados en sus derechos, hacen levantamientos pacíficos, frente a decisiones incorrectas, que lamentablemente terminan siendo judicializados”, subrayó.
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