La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió los primeros testimonios, como parte de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por el legislador Darwin Pereira en contra de Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley. Esta vez, ciudadanos identificados como perjudicados por la banca privada, subrayaron que la Superintendencia de Bancos incumplió su facultad de control y no dio respuesta a sus demandas.
Solanda Goyes, como parte del colectivo de perjudicados por la banca, explicó que de sus cuentas de un banco capitalino se hicieron pagos por 14 mil dólares, a través de falsificación de firma y suplantación de identidad. Sin embargo, ni el banco ni la Superintendencia de Bancos le han dado respuesta. Como el dinero era parte de un préstamo hecho por el mismo banco, luego se exigió el pago de las obligaciones y ese litigio hasta ahora no se soluciona.
Igualmente, Graciela Bustamante indicó que el mismo día que le llaman a informar que se ha liberado una póliza que mantenía en su banco, se realizan transferencias por 14 mil dólares de sus cuentas. Al percatarse de esa transacción, presentó el respectivo reclamo; le comunicaron que se produjo un error involuntario y que se le devolvería un total de seis mil dólares. La Superintendencia no le dio respuesta. “El banco le manifestó que se había analizado el caso y que las transferencias fueron realizadas desde mi computador, por tanto, era la responsable de esas transferencias, lo cual no es verdad porque no efectúe tales movimientos bancarios”, aseguró.
Más tarde, intervino Alfonso Baño, quien presentó un caso que data de 1991, que de manera similar se produjo con una cuenta de su padre, quien tuvo que purgar una pena por el fraude realizado, presuntamente, por personas allegadas al propio banco. Ahora solicita la reparación de este lamentable hecho, por cuanto se ratificó el estado de inocencia de su progenitor.
El caso de Juan Manuel Hijuelos, en cambio, detalla que retiró la nueva chequera de la entidad bancaria, sellada y con las seguridades que siempre las recibía. Después, al revisar su cuenta se había realizado el cobro de cinco cheques, fechados tres días antes, por un valor de 12 mil dólares. Se conocen los nombres de los beneficiarios de esos cheques, pero el banco no ha hecho nada para descubrir quiénes de sus propios empleados están involucrados en estos hechos. Tampoco la Superintendencia de Bancos ha tomado acciones.
De su lado, Jorge Tello Morales explicó que se hicieron transferencias de sus cuentas por 1.300 dólares, pero el banco no le dio.
Finalmente, Cristian León Ortiz explicó que participó en dos concursos para completar las vacantes de defensores del cliente a nivel nacional, procesos desarrollados por la Superintendencia de Bancos. En la segunda oportunidad se lo declara ganador y se le asigna a un banco, tras lo cual se deja sin efecto su designación por un supuesto conflicto de intereses, al poseer una cuenta en la entidad en la que iba a cumplir su función. Esto le generó un perjuicio, perdió su trabajo y, sobre todo, no hay ningún sustento legal que le impida ejercer como defensor del cliente, cargo que ganó mediante concurso.
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