En la tercera jornada de trabajo de este día, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó a representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes se pronunciaron respecto de las amnistías e indultos. “Queremos ser libres de acusaciones injustas”, dijeron al pedir que el Parlamento otorgue amnistía a pueblos que se dedican a defender la naturaleza y sus territorios.
Los parlamentarios recibieron a Yuly Tenorio, del Observatorio Nacional Ciudadano para Vigilar el Cumplimiento de los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en referencia a los procesos mineros y defensora de las organizaciones de la sociedad de los procesados en Imbabura, quien expresó que en Ecuador existen procesos en contra de los defensores de la naturaleza y territorios, como si se tratara de delincuencia común.
Se refirió a los casos de La Merced de Buenos Aires, de la parroquia de Cahuasquí, Pacto e Intag, donde campesinos y líderes han sido criminalizados. Por ello, solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales revisar la información que entregó a la Asamblea Nacional para conceder las amnistías de aquellas personas que defienden la naturaleza y que lamentablemente se les califica como mineros ilegales. Resistir no es un delito, es un derecho garantizado en la Constitución, aseguró.
El legislador Mario Ruiz reflexionó sobre el abandono a varias comunidades por parte del Estado, por lo que empresas privadas ofrecen migajas a cambio de que se les permita emprender sus actividades en los territorios.
Luego, los comisionados escucharon a Stalin Ramírez Mena, dirigente social, quien indicó que él es una de las personas criminalizadas por ejercer el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución. “La lucha de los campesinos de este sector es por defender el territorio frente a la amenaza minera en la parroquia Cahuasquí”, afirmó.
Dijo que más de 2000 personas que se dedican a la agricultura alzaron su voz de protesta y dijeron “no a la minería” y están dispuestos a defender su territorio frente al ingreso de una transnacional.
Por su parte, Jesús Pasquel Quiguano, dirigente social, defensor de la vida y de la naturaleza, señaló que son más de 20 cahuasqueños que tienen denuncias y se les trata como delincuentes comunes. Pidió ayuda para la entrega de amnistías para ser libres de acusaciones injustas. Somos campesinos agrícolas que nos vemos amenazados por la minería que se quiere implementar en este sector. “Ejerceremos nuestro derecho a la resistencia en defensa de la vida”, concluyó.
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