La Comisión de Justicia y Estructura del Estado escuchó los criterios de actores públicos y sociales en torno al proyecto de reformas a la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, en el marco de la construcción del informe para primer debate.
Esta propuesta busca establecer que la declaración patrimonial jurada que rinden los servidores públicos en línea ante la Contraloría General del Estado sea elevada a la categoría de escritura pública a través de un notario.
Al respecto, el contralor general del Estado, subrogante, Carlos Riofrío, se mostró contrario a determinar la propuesta. Aseveró que de acuerdo con la ley vigente desde el 8 de abril de 2016 la Contraloría General del Estado estandarizó el formulario de la declaración que tiene el carácter de documento público y, por tanto, si se encuentran inconsistencias, el caso se envía a la Fiscalía, órgano competente para establecer la existencia de delito como perjurio o enriquecimiento ilícito.
Explicó que la institución cruza esa información con el sistema financiero, notarios, SRI, Agencia Nacional de Tránsito. “Si de la comparación que se realiza se determina que hay inconsistencias no justificadas en las declaraciones, se presenta el informe con indicios de responsabilidad penal, mismo que es remitido a la Fiscalía”, reiteró.
En el formulario constan los componentes para determinar activos y pasivos que tiene el servidor público y con ello se puede realizar la evaluación del patrimonio, insistió.
De su lado, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, Homero López Obando, afirmó que, si bien la ley vigente permitió optimizar la presentación, registro y control de las declaraciones patrimoniales juradas, el proyecto busca dar seguridad jurídica para elevar el documento a escritura pública, costo que lo fija el Consejo de la Judicatura.
Comentó que con la declaración en línea puede haber omisiones, pues no existe la advertencia del perjurio, no queda registrado en archivo público y por tanto es de fácil impugnación, a la vez manifestó que el perjurio y falso testimonio son figuras que constan en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal.
Wilson Álvarez, secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales, tras agradecer la apertura de la Comisión de Justicia para conocer la opinión ciudadana sobre los proyectos, propuso mantener la norma jurídica vigente, argumentando que su aprobación fue producto de la lucha y movilización en el año 2016.
“Ahora se pretende obligar a los más de 500 mil trabajadores públicos a rendir la declaración ante notario público; no es posible retroceder, cuando la legislación permite el uso de medios electrónicos para realizar la declaración jurada, misma que tiene la calidad de documento público con todas las consecuencias legales”, subrayó Álvarez.
El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, agradeció a los invitados por las observaciones y comentarios expuestos en torno al proyecto, que ayudarán a la elaboración del informe para primer debate.
PV