La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó a un grupo de extrabajadores de la empresa Furukawa y a la abogada Patricia Carrión, en representación de los afectados. Todos exigieron respeto a los derechos humanos y que se haga justicia con quienes laboraron en la abacalera por varios años.
Manuel Torres indicó que le hicieron firmar un cheque de liquidación por 425 dólares. “Es una suma irrisoria, ya que laboré desde los 8 años, actualmente tengo 25 y jamás tuve vacaciones”, dijo Torres, solicitando hacer gestiones para que le paguen lo justo.
Mientras Mayra Valdez señaló que los extrabajadores están cansados de la situación de hostigamiento y amenazas que han recibido durante los tres años del juicio que llevan adelante. “El Ministerio de Salud no les da asistencia médica, pues llegan brigadas solo para tomarles fotos y asistencia. Solicitó a la Comisión de Garantías Constitucionales que intervenga en este asunto, porque hay personas que tienen problemas por el virus Ómicron, otros padecen enfermedades producto de la mala calidad de agua, la situación vivencial y la mala alimentación”, dijo.
En su turno, Segundo Ordóñez y Susana Quiñónez, en representación del grupo de resistencia del campamento 42, señalaron que son acosados por la empresa. Solicitaron a los comisionados encontrar soluciones para que se respete sus derechos. Yéssica Morán, extrabajadora indicó que se negó a recibir como liquidación 380 dólares, por más de 15 años de trabajo. Mencionó que la empresa les quiere obligar a firmar actas de liquidación con fecha 2021.
En cambio, María Guerrero comentó que son tres años de lucha y no se les da una solución. Relató que les obligaron a renunciar al trabajo, no les dan atención médica y las autoridades competentes no hacen nada por estas personas.
La abogada Patricia Carrión señaló la preocupación de los extrabajadores por el abuso de la empresa respecto de las irregularidades en el cálculo de las liquidaciones, a las que calificó de irrisorias y que les obligan a firmar con fecha marzo de 2021.
Expresó que llama la atención que el Ministerio de Salud incumpla su función de brindar atención integral. En este marco, sugirió que se llame a la Ministra para que explique este particular y se conmine que cumpla el mandato constitucional y la sentencia respecto a atención integral a los extrabajadores de Furukawa.
Los legisladores Paola Cabezas, María Fernanda Astudillo, Sofía Sánchez y Fernando Cabascango se solidarizaron con todos los extrabajadores de Furukawa ante la vulneración de sus derechos. Hay que tomar acciones concretas frente a los incumplimientos de las instituciones inmersas en este tema, sostuvieron, al sugerir que se llame a los ministros de Salud y de Trabajo para que respondan por las denuncias expuestas en la mesa legislativa.
Por último, advirtieron que es evidente el trabajo infantil, como es el caso de Manuel Torres, quien laboró desde los 8 años de edad.
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