La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió los argumentos de cargo y de descargo, por parte de Darwin Pereira, interpelante; y Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, en su orden, como parte de la sustanciación de la solicitud de juicio político por incumplimiento de funciones determinadas en la Constitución y la ley.
El interpelante, en su intervención, ratificó que la Superintendenta de Bancos incumplió funciones con relación a la calificación de Jorge Madera para ser parte del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pese a no reunir los requisitos; al no dar respuesta a los reclamos de los clientes de la banca privada, tanto por fraudes informáticos y sustracción de recursos de sus cuentas, como en el cobro de valores no autorizados en la reprogramación y refinanciación de las obligaciones crediticias durante la crisis por la pandemia de Covid-19.
Así mismo, reiteró que la funcionaria no actuó de manera oportuna frente a la captación ilegal de recursos por parte de la compañía Big Money, estructura liderada por Miguel Ángel Nazareno; tampoco ha actuado ante las alertas ciudadanas de otras presuntas empresas que ofertan productos financieros, incluidos depósitos, créditos, entre otros, sin que cuenten con el aval del órgano de control.
Igualmente, consideró que, más allá de tratarse de convenios de cooperación para capacitar a los servidores de la Superintendencia de Bancos, estos programas debieron someterse a las normas de la Ley de Contratación Pública, porque se financiaron con fondos públicos. En suma, dijo que la inacción de la Superintendenta de Bancos amerita el desarrollo del juicio político, así como su posterior censura y destitución.
De su lado, Ruth Arregui subrayó que ninguna de las ocho causales propuestas por el legislador Darwin Pereira tienen fundamentos. Expuso las acciones y decisiones tomadas por la entidad, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios. Dijo que, en el tema de la calificación de Jorge Madera, se actuó con apego a lo que dispone la ley.
Aseguró que uno de los ejes de su gestión es dar transparencia a los procesos que se llevan a cabo en la Superintendencia de Bancos, en este sentido, se alcanzó la certificación ISO antisoborno y se mejoraron los sistemas y canales de atención a los usuarios, al igual que los programas dirigidos a la educación financiera.
Sobre los reclamos de los presuntos perjudicados por la banca privada, de los 24.300 casos, solo el 7% tuvo respuesta desfavorable. En los casos de presunto fraude informático, siete de los 21 reclamos fueron atendidos favorablemente y otros ocho fueron solucionados satisfactoriamente por los propios bancos. “No se verificaron casos de cobro de intereses sobre intereses, en los procesos de refinanciación de obligaciones y en el caso del cobro de valores no autorizados, se dispuso la reversión de dichos cobros”, añadió.
Finalmente, defendió la actuación del organismo de control respecto de la compañía Big Money, de manera coordinada con la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Destacó que los convenios de cooperación institucional, por su naturaleza, no se someten a los procedimientos de la Ley de Contratación Pública.
Con estas intervenciones, la Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó la fase de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui. Posteriormente, el organismo deberá centrar su trabajo en la elaboración del informe, en el cual establecerá motivadamente sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político.
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