En el marco del proceso de fiscalización que lleva adelante la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso de los extrabajadores agrícolas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, los parlamentarios exigieron respeto a los derechos para más de 1.400 personas que laboraron en esta entidad.
El presidente de la comisión, Fernando Cabascango anunció que elaborarán el informe respectivo en el que constarán las denuncias de los afectados y las acciones u omisiones de las instituciones vinculadas con este tema.
Hoy los comisionados escucharon a Lenin Ochoa, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo quien dijo que la cartera de Estado ha realizado varias inspecciones en los lugares donde opera la empresa Furukawa, de conformidad con lo que dispone el Código de Trabajo.
Señaló que en las inspecciones se evidenciaron ciertos incumplimientos por parte de la empresa, la falta de materiales de bioseguridad, vacaciones y otros.
La legisladora Paola Cabezas dijo que lo argumentado por el funcionario se contrapone con las denuncias expuestas por los extrabajadores, quienes señalaron que en el campamento 42 existen evidencias de las situaciones inhumanas en las que desarrollan sus actividades. Indico que esa institución debe verificar las actas de finiquito y que se intenta hacerles firmar con un tiempo menor al que han laborado.
Por su parte, la asambleísta Fernanda Astudillo expresó su preocupación por la información expuesta por el delegado del Ministerio de Trabajo, especialmente, en torno a las irregularidades relacionadas con la falta de pago de los décimos tercer y cuarto sueldos a los extrabajadores y reclamó la falta de acciones, luego de la sentencia a favor de este grupo de personas.
Sofía Sánchez expresó que el funcionario debe informar las sanciones a Furukawa y entregar la documentación sobre las actas de finiquito de la relación laboral.
Posteriormente, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó a Carolina Moreano, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien afirmó que esta institución no es parte procesal de la causa relacionada con la acción de protección en el caso Furukawa, ante lo cual la asambleísta Fernanda Astudillo sugirió solicitar al IESS información sobre la afiliación a los trabajadores de Furukawa desde el 2017.
Luego recibieron al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, quien explicó que en el marco de las competencias, se realizaron acciones dirigidas a las personas afectadas en sus derechos, en particular las medidas de reparación.
Indicó que 100 familias recibieron un kit con 30 prendas de vestir; a 165 familias se les entregó raciones alimenticias y que en la actualidad trabajan de manera articulada con el Registro Civil para ejecutar el proceso de obtención del documento de identidad.
Destacó que 13 personas se encuentran en proceso de crédito de desarrollo humano y 6 personas reciben talleres de prevención de vulnerabilidad de derechos con psicólogos. Informó sobre el acompañamiento familiar y protección social, gracias al convenio de cooperación con la Fundación Vivian Luzuriaga, así como otros beneficios de carácter social.
Por último, escuchó a Pedro Aguilar, del Ministerio de Salud, quien solicitó ampliar el tiempo para presentar el informe de esta entidad respecto de las acciones emprendidas sobre el caso Furukawa.
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