El proyecto de reformas a la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas fue materia de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la presencia de Diego Guarderas, especialista en Derecho Constitucional; Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Juan Perea, investigador y profesional del Derecho.
Diego Guarderas afirmó que la reforma es innecesaria porque existen normas para sancionar a la persona que incurre en falsedades en la declaración patrimonial juramentada rendida ante el Contralor General del Estado como autoridad competente.
Consideró que no es necesario elevar a escritura pública esta declaración, pues al rendir ante autoridad competente se convierte en documento público y, por tanto, es susceptible de sanción la persona que falta a la verdad, a la vez insistió que el Código Orgánico Integral Penal contiene normas expresas para sancionar a una persona que ha mentido en documento público, inclusive con pena privativa de la libertad de hasta siete años.
De su lado, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Richard Gómez expresó que, si bien comparten plenamente la intención de perseguir los delitos de perjurio y enriquecimiento ilícito, la aplicación de la reforma propuesta generaría problemas en el sistema notarial.
Recordó que la Ley de Eficiencia de Trámites Administrativos prevé los principios de celeridad, tecnología, gratuidad, seguridad jurídica y simplicidad, entre otros, de modo que la reforma significaría un retroceso, ya que existen medios para optimizar los trámites administrativos que permiten el uso de herramientas tecnológicas. “La Contraloría tiene plena competencia para recibir y revisar la declaración patrimonial juramentada sin necesidad de elevarla a escritura pública”, enfatizó.
Juan Perea, investigador y profesional del Derecho, tras afirmar que para crear las leyes no se puede partir de meras intuiciones, expresó que de acuerdo con la normativa legal vigente si una persona le oculta la verdad al Contralor en la declaración patrimonial estaría incurriendo en perjurio y como tal debe ser investigada y sancionada.
El experto sostuvo que el juramento no solo se rinde ante notario público, sino también ante la autoridad competente, como es en este caso el Contralor General del Estado, por lo que no está de acuerdo con la reforma a la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo solicitó a los invitados que remitan por escrito las observaciones expuestas, que permitirán valorar la pertinencia o no de la reforma, pues la resolución que se tome irá en beneficio de la clase más necesitada del país.
PV
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