La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de sus nueve integrantes, decidió solicitar a la Presidencia de la Asamblea Nacional una prórroga de cinco días para la entrega del informe sobre la sustanciación del pedido de juicio político presentado por Darwin Pereira en contra de Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, por incumplimiento de funciones conferidas por la Constitución y la ley.
Esta resolución se adoptó conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La solicitud de prórroga responde a la necesidad de contar con tiempo suficiente para el análisis y valoración de las pruebas aportadas, tanto por el interpelante, asambleísta Darwin Pereira, como por la funcionaria encausada, Ruth Arregui, ya que, al momento, el equipo técnico de la comisión avanzó en lo relacionado con el planteamiento de los antecedentes, el marco legal, la transcripción de los testimonios recibidos en el trámite del proceso, así como la inclusión de los argumentos de cargo y de descargo.
De esta manera, si se concede la prórroga, el nuevo plazo para la aprobación del informe vencerá el próximo lunes, 7 de febrero.
Fondos de reserva y regularización
En otro orden, el organismo recibió a Kenia Ramírez Masache, delegada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien informó acerca del pago de los fondos de reserva al personal docente y administrativo del Ministerio de Educación, correspondiente al período 2001-2009, así como los avances en el proceso de regularización y afiliación a los educadores populares que por muchos años no han sido afiliados en el cumplimiento de sus funciones en el Magisterio.
La subdirectora del IESS aclaró que el ente asegurador únicamente actúa como agente receptor de los descuentos que efectúan los patronos, en los términos previstos en la ley. “Si ha habido un cálculo erróneo o una subvaloración del valor correspondiente a los fondos de reserva, esa es responsabilidad, en este caso, del Ministerio de Educación; son más de 3.500 reclamos presentados, de los cuales se han atendido 1.300”, resaltó.
Ramírez recordó que los derechos de los trabajadores no prescriben y que, por tanto, si los reclamos cuentan con la documentación de sustento y se ha generado un perjuicio a los trabajadores, en cualquier momento se tendrá que dar paso al cumplimiento de la ley, así pasen 10, 20 o más años.
En torno a la situación de los educadores populares o comunitarios, la funcionaria sugirió que la Comisión de Fiscalización eleve un exhorto al Ministerio de Educación para instalar la segunda mesa de trabajo, que se iba a desarrollar el pasado 5 de enero, a fin de encontrar una solución a este conflicto.
EG/pv
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