Este martes 1 de febrero, la Comisión de Desarrollo Económico, en el marco del análisis del proyecto del Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros y Tecnológicos (Ley Fintech), escuchó a representantes del sector productivo y de la banca para que expongan sus criterios.
La jornada de trabajo inició con un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron en el desastre natural ocurrido en la avenida La Gasca, al occidente de Quito. Los legisladores expresaron su respaldo y solidaridad con los familiares y los damnificados.
Luego intervino Marco Antonio Rodríguez, representante de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), quien manifestó que la Ley Fintech se refiere a aquellas entidades que realizan actividades sujetas a reserva utilizando la tecnología y mecanismos innovadores y prestan sus servicios a entidades financieras.
Así mismo, indicó la importancia de regular esta actividad y que para ello se considere las recomendaciones de organismos internacionales sobre todo en el principio de neutralidad tecnológica, es decir, igual actividad, servicio, riesgo y regulación.
Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias y Producción dio algunos criterios relevantes respecto a este proyecto, como la pertinencia de la regulación, ya que el Ecuador es uno de los países que requiere controles en los mecanismos tecnológicos de finanzas. Sostuvo que es necesario garantizar la confianza en el sistema financiero y mercado de valores.
De su lado, Natali Almeida, de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación sustentó su punto de vista para que se mantenga en la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos el proceso de regulación de la Ley Fintech y desde la Superintendencia de Compañías el registro de la misma como una compañía con todos sus derechos y obligaciones.
En la apertura del debate intervino el asambleísta Jhon Vinueza, quien sugirió ampliar el espectro o el ámbito del proyecto y enfocarse en un control basado en riesgos.
Finalmente, la asambleísta Wilma Andrade indicó que el proyecto no provee mecanismos tecnológicos en la actividad financiera para garantizar la confianza que se deposita en el Mercado de Valores.
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