La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento de la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, recibió al Contralor General del Estado, subrogante, Carlos Riofrío, para que aclare y amplié el contenido de su informe de gestión.
En este contexto, el funcionario manifestó que bajo la normativa legal aprobó 70 informes entre el 1 de enero y el 29 de septiembre del 2021, observando lo establecido en el COIP y que en ese período no se han aprobado informes fuera del término.
También explicó que, de conformidad a la ley la caducidad se produce principalmente por la demora en la entrega total o parcial de la documentación, por parte de las instituciones o los auditados, necesaria para sustentar de manera integral los hallazgos y garantizar el cumplimiento de debido proceso, lo que genera ampliaciones de plazo en las órdenes de trabajo.
Además, sostuvo que el monto de responsabilidades no confirmadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2021, asciende a 28.689.027 de dólares, que equivale al 1,31% de las responsabilidades confirmadas en el año 2021, que superan los 2.137 millones de dólares. Señaló que la no confirmación de estas responde a un proceso técnico amparado en el artículo 52 de la Ley de la Contraloría.
Así mismo, informó que las resoluciones con montos no confirmados de responsabilidades se sustentan cuando los administrados presentan la documentación de descargo que justifica la observación planteada por auditoría en los informes o por la reposición o pago por parte de los auditados de los recursos que motivaron la responsabilidad civil.
La asambleísta Rosa Belén Mayorga sostuvo que luego de escuchar al Contralor persisten las dudas sobre los informes aprobados fuera de tiempo y sus consecuencias, pues las responsabilidades prácticamente habrían caducado.
El legislador Ricardo Chávez argumentó que la recaudación coactiva de la Contraloría no es muy efectiva, debido a que los números reflejan esa realidad.
Entre tanto, el legislador Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, expuso algunos cuestionamientos, básicamente en lo que se refiere al establecimiento de los plazos, considerando que el Contralor envió el informe dos días después del tiempo establecido.
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