La Comisión de Régimen Económico escuchó las observaciones de autoridades de los ministerios de Finanzas, de Salud y de Educación al proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene por objetivo normar y regular el procedimiento de cálculo de los incrementos del presupuesto para educación y salud. Los funcionarios coincidieron que la Constitución establece como derecho la progresividad de derechos en el cálculo de estos recursos.
Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, señaló que esta Cartera de Estado rige su accionar en lo dispuesto en la Carta Magna, el Código de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento General, que constituyen el marco normativo para el manejo de las finanzas públicas. Dijo que la propuesta que trabaja la Comisión de Régimen Económico, generaría una preasignación adicional que no cuenta con una fuente de financiamiento inobservando la Constitución en el artículo 287.
El asambleísta Pabel Muñoz, proponente del proyecto, discrepó lo aseverado por la Subsecretaria de Presupuesto y aclaró que la reforma no pretende crear preasignaciones para los sectores de Salud y Educación.
De su lado, Pedro Aguilar, coordinador general de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud, dijo que esta Cartera de Estado está pendiente de las decisiones técnicas del Ministerio de Finanzas respecto de la reforma planteada. Señaló estar de acuerdo con el pronunciamiento formulado por Olga Núñez, en el sentido de que son el órgano rector que establece la política pública económica.
Por su parte el Ministerio de Educación presentó por escrito sus puntos de vista. Allí asegura que el Ejecutivo es el único que puede enviar proyectos que incrementen el presupuesto. Precisó que luego de un análisis de los 3.410 millones de dólares asignados por el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Educación, para el ejercicio fiscal 2022, se evidencia que existe un incremento del 0.5% del PIB 2021, lo cual representa el 3.1% del PIB 2022.
Mencionó que, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décimo Octava de la Constitución, es competencia del ente rector de las finanzas públicas informar sobre los procesos de construcción, ejecución y seguimiento presupuestario con relación a las normativas propuestas en la Asamblea Nacional, por lo tanto, no corresponde al Ministerio de Educación participar en la Comisión como invitado.
Al respecto, el legislador Pabel Muñoz, indicó que el presupuesto de salud y educación en el 2022 es menor al presupuesto de hace 6 años. Por ejemplo, educación en el 2016 recibió 4.291 millones de dólares y en el 2022, es de 3.419 millones de dólares.
JLVN/pv
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