El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al terminar el debate del proyecto de Ley de Comunicación y suspender la sesión 136 del Pleno, destacó que se registraron 76 intervenciones, de 62 asambleístas. También participaron 21 ciudadanos de colectivos y gremios de comunicadores y empresas de comunicación dieron sus aportes para la construcción de una normativa que permita garantizar el ejercicio y plena vigencia de los derechos a la comunicación y aplicar de forma efectiva la libertad de expresión, libertad de información y la democratización de la comunicación.
A su vez, Mauro Andino, pidió al presidente de la Asamblea Nacional, le conceda el tiempo necesario para analizar las observaciones y los planteamientos formulados en el debate y recoger aquellas propuestas que enriquezcan el texto de manera que pueda ser oportunamente sometido a votación.
Señaló que la situación del Ecuador en materia de libertad de expresión desde el retorno a la democracia se ha caracterizado por el silenciamiento mediático de las voces de la gran mayoría de ecuatorianos, incluido un considerable número de periodistas, debido a la gran concentración de los medios de comunicación y a la propiedad cruzada que tienen sobre éstos los grupos empresariales y familiares.
En ese contexto, dijo, las libertades de expresión, información, opinión y prensa han sido monopolizadas y privatizadas por los grupos empresariales que concentran medios de comunicación, convirtiendo a estos derechos en privilegios de los que disfrutan casi exclusivamente las personas mejor situadas en la sociedad, mientras que las grandes mayorías no tienen acceso a las frecuencias de radio y televisión.
Recordó que los medios de comunicación y las frecuencias de radio y televisión están concentrados en 8 grupos familiares de empresarios que además son propietarios de grandes consorcios comerciales, industriales y bancarios. Según lo señala el informe de la Comisión Auditora de Frecuencias presentado en mayo de 2009 y el Análisis de Desarrollo Mediático en Ecuador publicado en marzo de 2011 por la UNESCO, estos grupos son: grupo Egas, Mantilla, Pérez, Alvarado, Martínez, Eljuri, Vivanco e Isaías.
De esta manera, dijo que los medios de comunicación adscritos a los grupos empresariales enumerados han sido utilizados como mecanismos de protección y defensa de los intereses empresariales que cada uno de ellos tiene, llegando al extremo de protagonizar guerras informativas por el control del mercado financiero y el blanqueamiento de responsabilidades en la crisis financiera.
Los grupos empresariales, financieros y mediáticos han mantenido, en términos generales, relaciones de colaboración con los diferentes grupos y partidos políticos que han alcanzado el poder, salvando los casos en que tales grupos se han enfrentado apoyando unos a quienes ejercieron el gobierno y otros a quienes realizaron oposición política, subrayó.
En relación a la censura previa que efectiva y lastimosamente ha sido una tradición arraigada en las prácticas mediáticas y políticas del Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979, es preciso señalar que los datos más recientes sobre este tema fueron presentados en 2010 por Fundamedios a partir de una encuesta cursada a 372 periodistas de varios medios de comunicación de las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Nueva Loja y Machala y publicada en el libro La palabra rota, según la cual, el 28,76% de los encuestados afirma que en alguna ocasión, alguna nota periodística de interés público no se publicó por presiones de alguna naturaleza y que “las presiones provienen en cifras iguales de funcionarios del Gobierno y directivos del propio medio y en menor medida por anunciantes, dijo
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