En la Comisión de Relaciones Internacionales, Luis Bayas, viceministro de Movilidad Humana, destacó la importancia del proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, porque hace falta dar un tratamiento específico al tema de tráfico ilícito de migrantes por ser un delito diferente al de trata de personas.
Sugirió utilizar el término víctimas de trata y sujetos de tráfico ilícito de migrantes, conforme a los instrumentos internacionales sobre todo la Convención de Palermo; eliminar el tema de la ciudadanía universal porque este principio está recogido en la Ley de Movilidad Humana y no tiene vinculación con el proyecto en análisis. Pidió revisar los artículos 7, 8, 9 y 10 sobre el sistema nacional de prevención y mitigación, pues si bien es un sistema novedoso cabría precisar su composición, sus competencias y rectoría.
En cuanto al retorno asistido de víctimas extranjeras de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, sostuvo que debe existir vinculación de los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Comentó que el proyecto no aborda en su totalidad los aspectos relacionados con la investigación y judicialización de los delitos de tráfico y trata.
En otro orden, la mesa legislativa recibió observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. La embajadora María Soledad Córdova, representante de la comunidad migrante, quien se refirió a la repatriación de cadáveres o restos mortales de ecuatorianos en el exterior. Precisó que la Cancillería toma en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica de los ecuatorianos en el exterior para los procesos de repatriación de cadáveres.
El presidente de la Comisión, Juan Fernando Flores manifestó que el funcionamiento a tiempo completo de nuestros consulados en el exterior es un sueño antes que una realidad.
La legisladora Mónica Palacios dijo que debería haber agilidad en los procesos de repatriación de cadáveres a personas vulnerables, mientras, la parlamentaria Marjorie Chávez afirmó que llamó a las líneas telefónicas y se comprobó que no existe atención para los ciudadanos ecuatorianos en el país y menos en el exterior, lo cual confirma la mala atención.
Sonia Romero, en representación del Defensor del Pueblo, afirmó que, en el contexto de la movilidad humana, las personas requieren una atención especial justamente por el hecho de encontrarse lejos de su lugar de origen y en especial cuando hay acontecimientos concretos que afectan al ciclo de vida. “El servicio consular debe ser cercano a las personas migrantes y brindar servicios adecuados que permitan mantener conectada a la persona migrante con su país”, señaló.
Sobre la repatriación de cadáveres recomendó considerar los estándares internacionales de derechos humanos bajo el principio de interculturalidad e interseccionalidad, así como el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas migrantes, los numerosos casos de muertes y desapariciones forzosas a las que se enfrentan.
Seguidamente, los comisionados escucharon a Danilo García, académico de la Universidad Central del Ecuador, quien mencionó que las personas migran para mejorar los niveles de vida, buscar oportunidades, pero se encuentran con situaciones de violencia y discriminación, por lo que hace falta promover políticas públicas de protección y empoderamiento, reducir las condiciones de vulnerabilidad y potenciar los impactos positivos de la movilidad humana.
JLVN/pv
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