A la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral acudieron oficiales de Policía y expertos en derecho a exponer sus criterios en torno a los proyectos de Ley sobre el Uso Progresivo de la Fuerza.
Hugo Espín, experto en Derecho Procesal, sostuvo que cualquier proyecto de Ley tiene como objetivo elevar la condición de supervivencia de los funcionarios que intervienen. “El Estado debe establecer jueces especializados en los diferentes procesos. Con eso se garantiza objetividad”, afirmó.
Santiago Andrade, doctor en Jurisprudencia, menciono que el nivel de violencia que vive el país responde a que se agotó el actual modelo de seguridad. A su criterio existe el concepto que la seguridad es territorial y de integridad de las fronteras, cuando la amenaza está adentro. La gestión policial debe tener complementariedad, agregó.
Por su parte el mayor de Policía Carlos Flores calificó como positivo que en la ley se incorporen los principios de oportunidad y racionalidad, criterios que ayudarán a que el funcionario policial sepa cuando tiene que hacer uso de la fuerza, sin causar un daño mayor.
También, se refirió al uso de animales. Señaló que no existe normativa que les prohíba o les faculte. “Los instrumentos dicen que todos los equipos legalmente comprados por el Estado y entregados al funcionario pueden ser utilizados, previo a capacitación”.
El mayor de Policía Byron Osejo expresó que es necesario contar con un instrumento jurídico que respalde la gestión de la institución y sus integrantes, a la vez que aseveró que la normativa nacional guarda relación con el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para finalizar, el parlamentario Ramiro Narváez menciono que la seguridad ciudadana es prioridad en esta nueva Asamblea y que en la comisión trabajan en proyectos de ley que brindan herramientas para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado para proteger a los ecuatorianos.
ES/pv
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