La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó el informe que presenta las condiciones en las cuales se encuentra el sistema nacional de salud, las acciones a emprender y los plazos para solventar la delicada situación que enfrentan los usuarios de los centros de atención médica. En la conclusión señala que la información presentada por las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no ha sido suficientemente satisfactoria para poder verificar la real situación del sistema de salud pública.
En el documento se recomienda el inicio de un juicio político en contra de la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, por el incumplimiento de sus funciones respecto a los numerales 3 y 7 de los artículos 363 y 366 de la Constitución y 25 de la Ley de Apoyo Humanitario, mientras estuvo vigente, sobre estabilidad laboral al personal que atendió la emergencia sanitaria por Covid-19.
También recomienda solicitar la inmediata intervención y auditoría de la Contraloría General del Estado a los últimos procesos de adquisición de medicamentos realizados por el Ministerio de Salud y el Seguro Social con las empresas públicas de las Universidades, así como aquellos que se ha realizado con organismos internacionales.
Además, propone la comparecencia del Ministro de Finanzas, para que informe si el Gobierno pagará los 4.526 millones de dólares que el Estado adeuda al IESS y sobre la planificación de pago de esta deuda, incluyendo los 473 millones que se encuentran dentro del presupuesto del IESS de este año. Así mismo, sobre el estado de los 3.787 trámites pendientes para la entrega de nombramientos por el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitaria que se estaban despachando antes de la sentencia de la Corte Constitucional que derogó dicha norma.
La comparecencia del Ministro de Trabajo es otra de las recomendaciones, para que informe sobre los 960 trámites pendientes que se encuentran a su cargo para la creación de partidas en el Ministerio de Salud para la entrega de nombramientos en cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitaria.
La comparecencia del Presidente, miembros del Consejo Directivo y del Director General del IESS, a fin de que presenten el plan para prevenir y erradicar la corrupción en el instituto, así como la ejecución del proceso de desinversión en el BIESS que se estaría utilizando para financiar el déficit del Instituto dentro del presupuesto 2022, así como el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario.
En el documento se detalla que en la última adquisición de 149 fármacos que realizó el Ministerio de Salud Pública, para el abastecimiento de los medicamentos del grupo L, es decir, oncológicos, inmunosupresores y antibióticos para el tratamiento del dolor se ha realizado a través de un procedimiento de contratación atípico, a través de una empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato, situación que se aleja de los procedimientos ordinarios de contratación y que no se ha podido contar con la información suficiente para que la mesa legislativa pueda pronunciarse.
También observa que, al 31 de diciembre del 2021, el Fondo de Salud del IESS tuvo un ingreso anual de 1.685 millones de dólares frente un egreso anual de 2.046 millones de dólares, lo que da lugar a un déficit operativo de 361 millones de dólares. De acuerdo con sus autoridades el mismo ha sido cubierto en base a la desinversión de los fondos del BIESS por 408 millones de dólares.
Los legisladoresMarcos Molina, María José Plaza, presidente y vicepresidenta, respectivamente, Joel Abad y Daniel Onofa presentaron un informe de minoría.
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