Con la intervención de funcionarios de la Superintendencia de Bancos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa continuó el estudio del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros y Tecnológicos (Ley Fintech).
El director de Trámites Legales de la Superintendencia de Bancos, Luis Antonio Lucero mencionó que es necesario detallar las características y servicios a prestar del segmento de compañías ‘Fintech’, así como el ente que regularía estas entidades, ya que sobre esto, el proyecto actual “carece de profundidad”.
Por su parte, Ana Hernández, directora Nacional de Atención y Educación al Ciudadano de esa institución, mencionó que es necesario la intervención del Ministerio de Telecomunicaciones para implementar el programa para la generación de entornos de prueba regulatorios (Sandbox), que inicialmente estaría a cargo de este ente supervisor.
En este sentido, Luis Fernando Rivera, asesor Jurídico de la Superintendencia de Bancos, destacó que el enfoque del proyecto debe ser la protección al ciudadano en el marco del derecho a acceder a un servicio de calidad y seguro que permita tener certeza jurídica en la contratación de estos servicios.
Luego de las intervenciones, Cesar Rohon resaltó la necesidad de que el proyecto defina de manera clara los ámbitos de registro, regulación y servicios financieros, entre otros, para hacer una ley que funcione. “El exceso de regulación mata estos proyectos, pero tampoco se puede dejar a libre albedrío una situación que necesita ser vigilada, impulsada y facilitada por el Estado ecuatoriano”, mencionó.
Daysi Yuquilema, asambleísta por Chimborazo, planteó la posibilidad de que la Superintendencia de Bancos cambie de estructura y que sea un supervisor de activos financieros que regule la banca y los criptoactivos. Ante esto, Luis Fernando Rivera dijo que “se debe analizar una reforma transversal que trasformaría lo que ha venido haciendo la Superintendencia de Bancos hasta ahora”.
Entre las observaciones, Andrés Terán, socio de la firma de abogados HEKA, expresó que la prohibición de inversión de entidades de servicios financieros tecnológicos en capitales de entidades del sistema financiero carece de sentido y limita la expansión de las Fintech en Ecuador.
Para finalizar, Roberto Borras, socio de Garrigues en Colombia; Alberto Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; y, José Ramón Morales, socio de Garrigues en España, expusieron sus conocimientos y experiencias sobre la regulación de los servicios financieros y tecnológicos en sus diferentes países para que enriquecer el estudio y desarrollo del proyecto de ley.
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